Por María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres Chile
Hemos visto cómo la violencia a las mujeres en política se está haciendo cada vez más frecuente, a la vez que ha aumentado la presencia de mujeres en espacios políticos en todo América Latina. En el caso de Chile, gracias a una nueva composición del Congreso y una Convención Constitucional paritaria, esto ha significado una mayor participación de mujeres en estos espacios, acompañado de un aumento de la violencia y acoso, pues más del 70% de las mujeres que componen la Convención Constitucional (CC) han recibido mensajes violentos y de odio. Hemos visto casos como la agresión a Giovanna Grandon y en su momento a candidatas y convencionales electas de todos los sectores, además de expresiones de racismo, como han sido los ataques a la Machi Francisca Linconao o a la propia presidenta de la Convención, Elisa Loncón.
El observatorio de violencia política “Mujeres y Política” de la Usach, con el apoyo de ONU Mujeres, analiza mensualmente los discursos de características violentas en Twitter hacia candidatas y convencionales electas, y ha quedado patente el nivel de violencia al que se han debido enfrentar: 67% de candidatas y 74% de las constituyentes ha recibido ataques escritos, como “inepta”, “feminazi”, “momia”, “terrorista”, “loca”, “oportunista”, “ignorante”, “ladrona”, “asesina”. Este tipo de comentarios daña, descalifica y desacredita las capacidades que tienen las representantes.
En países de la región abundan los casos de mujeres líderes en políticas y defensoras de derechos humanos que han vivido violencia política en todos los niveles, llegando en algunos casos a desenlaces fatales, como es el caso de Marielle Franco en Brasil. No queremos que este tipo de violencia avance. Según la Ley Modelo Interamericana sobre cómo Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, la violencia puede ser física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Este tipo de violencia atenta no solo contra la vida de las mujeres, sino que también contra el avance como sociedad a una democracia paritaria.
La irrupción de la pandemia de Covid-19 contribuyó a que se consolidaran aún más los canales virtuales de comunicación como el principal espacio de deliberación sobre temas de contingencia. Y resulta inquietante el poco cuestionamiento que recibe la violencia que se vuelca en estos espacios digitales, pues es un claro reflejo de su naturalización.
No puede parecernos aceptable que se haga sentir a las mujeres que la esfera pública y política no es su lugar, que son ajenas, por el solo hecho de ser mujeres, o por sus orígenes, y que no cuentan con las capacidades para desempeñarse en un puesto de liderazgo. El avance hacia una democracia paritaria requiere que todas las mujeres tengan asegurados sus derechos y puedan ejercer efectivamente su participación política, cuente con condiciones de igualdad en la toma de decisiones y tenga garantizada una vida libre de violencia en todos los espacios. Por ello, se hace necesario avanzar en normativas legales que garanticen estos derechos, desnormalicen la violencia política y sancionen a quienes se encargan de perpetrar discursos de odio, que no solo dañan a las mujeres, sino que a las democracias.
