Por Ignacio Aravena, investigador asociado de la Fundación P!ensa y Ms. Urban Planning, NYU.
La vivienda como derecho social ha sido uno de los temas más debatidos en el preámbulo de la nueva Constitución. Lo anterior cobró más fuerza con los resultados de la última encuesta CASEN y el incremento de campamentos en los últimos meses, estimándose un déficit habitacional superior a las 500 mil unidades. No obstante, la inclusión de este derecho no es un garante de éxito puesto que, además de que los problemas y soluciones en la materia varían en el tiempo, tampoco existe evidencia robusta entre la declaración del derecho a la vivienda y el cumplimiento de metas habitacionales, las que dependen de restricciones presupuestarias y del diseño de buenas políticas públicas.
En primer lugar, es importante destacar el objetivo de una Constitución y cómo ésta busca delinear una hoja de ruta para el país, lo cual implica una mayor rigidez a la de otros cuerpos legales. Ello se contrapone a las metas habitacionales que son altamente dinámicas, lo que se demuestra en la evolución de las políticas públicas de las últimas décadas, donde hemos avanzado desde enfrentar problemas higiénicos y de cobertura de servicios a una discusión sobre la reducción del déficit habitacional y la segregación residencial, entre otros. Es por ello que los problemas de vivienda se aproximan a través de programas y no de mandatos constitucionales, que poco pueden regular el correcto diseño e implementación de planes con objetivos específicos.
En segundo lugar, no existe una correlación clara entre la consagración constitucional del derecho a la vivienda y los logros habitacionales de un país. Cabe destacar que Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no incluye este derecho pero que, a su vez, ha sido capaz de resolver una serie de problemas urbanos que son comunes dentro del continente, como lo son la provisión de servicios y la reducción sostenida de asentamientos informales. En contraste países como Argentina y Bolivia, que sí garantizan constitucionalmente la vivienda, presentan mayores desafíos que Chile. Según datos de la organización Habitat for Humanity, el primer país tiene a cerca del 22% de la población con problemas de acceso y calidad de vivienda, mientras que en el segundo cerca del 58% vive en condiciones informales y el 70% todavía posee viviendas con piso de tierra, demostrando que la consagración Constitucional no es sinónimo de mejores políticas pública.
En Chile, un elemento diferenciador ha sido la generación de normativas y políticas habitacionales que han catalizado el desarrollo de viviendas sociales con estándares cada vez más rigurosos. Y, aunque todavía queda un camino por recorrer, las diferencias entre una vivienda social actual con la de otro país -o incluso con una de los años 90- son evidentes. Algunos ejemplos de lo anterior se pueden asociar a la exigencia de superficies mínimas y estándares en la calidad de la construcción, así como también, a los incrementos en los subsidios otorgados a los proyectos sustentables o con mejor localización dentro de la trama urbana.
Junto con lo anterior, el crecimiento económico y el nivel de deuda son elementos clave en el logro de metas habitacionales. No debemos olvidar que el subsidio habitacional es uno de los programas más caros por persona del país, por lo que la capacidad de producción está muy restringida al presupuesto del Minvu. Un claro ejemplo de ello son las casi 50 mil unidades anuales de viviendas sociales financiadas en los últimos diez años las que, según datos del Observatorio Urbano, equivalen a más de UF 40 millones anuales. Dado ello, incluso si se innova en nuevos programas o si se incluye a la vivienda como un derecho social, la capacidad de financiamiento estatal se ve altamente limitada por restricciones presupuestarias.
¿Es entonces el derecho a la vivienda la solución a los problemas actuales que enfrentamos? Esta declaración puede marcar un hito importante ya que incluiría explícitamente -y no a través del reconocimiento de tratados internacionales- este elemento como parte de la hoja de ruta del país. Sin embargo, es importante ser cautos y no tener sobre expectativas puesto que el déficit habitacional y los problemas de acceso a la vivienda trascienden a una declaración de derechos, requiriendo políticas bien diseñadas e implementadas en concordancia con la contingencia y la capacidad fiscal del país. Ello también requiere repensar si las herramientas actuales son la mejor solución a nuestros problemas. Sin embargo, esa es una conversación que está fuera de la discusión constitucional.
