Por Felipe Balmaceda, MIPP, ISCI, UDP-Economía
Las consecuencias de la pandemia en la salud, la economía y la educación han sido enormes. Sin embargo, sus consecuencias son menores a las que tuvieron, por nombrar algunas, la peste negra, la gripe española y la viruela. Esto, debido a la rapidez con la que reaccionó el mundo científico. La política, en contraste, ha reaccionado de manera lenta y errática. Por ejemplo, los gobiernos de Bolsonaro y Trump negaron desde un comienzo su existencia y sus consecuencias son conocidas.
Cuando falla la política, sufre la economía, la educación y la salud. En Chile, la política daña la educación con el cierre de las escuelas por periodos largos y en forma indiscriminada. La evidencia muestra que los contagios en las escuelas son bajos y los beneficios para los niños de asistir a ellas son enormes. La política lesiona la salud con propuestas erráticas, cuarentenas severas e indiscriminadas, e información contradictoria a la científica. La política perjudica la economía cuando, por ejemplo, destruye el sistema de pensiones por su incapacidad de ponerse de acuerdo, y su deseo de implementar agendas políticas partidarias usando la pandemia como excusa. Esto a pesar de que Chile es, de acuerdo a los datos del FMI, el undécimo país del mundo en términos de recursos fiscales, como porcentaje del PGB, destinados a aminorar las consecuencias de la pandemia.
La falta de acuerdos políticos y la ola de populismo que azota al país, han resultado en propuestas populistas -impuesto a los súper ricos, la instauración de un ingreso básico universal, el retiro de fondos del seguro de cesantía- en vez de políticas efectivas para ayudar a los más afectados. Sabemos que los trabajadores que se desempeñan en tareas que pueden hacerse de forma remota y/o tienen empleo sufren menos que aquellos que sus labores exigen su presencia física, sus ingresos dependen de ella, y/o están desempleados. Por ende, es deseable, y a la vez justo, que la ayuda se concentre en aquellos que están en condiciones, relativamente, más desfavorables. Así, tanto el ingreso básico universal transitorio para el 90% de la población propuesto por la DC, como el paquete de gobierno, que entre IFE, bono clase media y otras medidas, llegará alrededor del 80% de la población, son malos instrumentos para ese objetivo, dado que ayudan a todos por igual, y no todos sufren por igual.
Después de más de un año de pandemia, deberíamos tener un sistema que permita a los ciudadanos que no pueden trabajar, debido a cuarentas o desempleo, solicitar recursos monetarios de montos predefinidos que se depositen en el Banco Estado (el Estado debe asegurar una cuenta vista a cada chileno mayor de 18 años), previa corroboración por parte de las autoridades correspondientes de la veracidad de la causal aludida para su solicitud. En el evento que no pueda corroborar la causal, lo cual es su responsabilidad, el Estado debería proveer los fondos.
La falta de una política eficiente y justa (el que sufre más, recibe mayor ayuda) se debe en gran medida a que el Estado chileno vive en el siglo pasado y, esto es, sin lugar a dudas, de exclusiva responsabilidad de la política, que casi nada ha hecho para modernizar el Estado en los últimos 20 años. Cuando la política ignora su noble razón de existir, que es la promoción del bien común, y se dedica exclusivamente a las cuestiones partisanas, el resultado no puede ser otro que el fracaso de ella y, con ello, el deterioro de la calidad de vida para la gran mayoría.
