Por Leonardo Hernández, Escuela de Administración UC, Clapes UC
En la actual coyuntura económica, donde producto de la pandemia y sus efectos económicos –así como por otras reformas en curso– se ha incrementado la deuda pública y los compromisos fiscales presentes y futuros, el país enfrenta enormes desafíos en materia fiscal y tributaria. En este contexto, resulta imperativo empezar a diseñar mecanismos para que este deterioro de la situación fiscal no sea permanente.
Dada nuestra historia reciente, no llama la atención que surjan voces en favor de subir la tasa del IVA de 19% a 20% (la propuesta se hizo en el contexto de la reforma de pensiones). El principal argumento a favor de subir este impuesto es su bajo costo de administración, su alta recaudación (casi el 48% de los ingresos tributarios son producto del IVA) y su mayor eficiencia económica, por sus escasos efectos distorsionadores en la asignación de recursos. Al respecto, cabe señalar que la tasa actual del IVA es la tercera más alta en Latinoamérica, después de Uruguay (22%) y Argentina (21%), y está marginalmente bajo el promedio de los países de la OCDE (19,3%). Aún más importante, por tratarse de un impuesto al consumo, el IVA es un impuesto regresivo que grava proporcionalmente más a los más pobres. Esto ocurre porque los grupos de más bajo ingreso, al tener menor capacidad de ahorro (consumen una mayor proporción de su ingreso), terminan destinando una fracción mayor de su ingreso disponible al pago de este impuesto. De hecho, al analizar los resultados de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares de 2017 se observa que la fracción del ingreso disponible que el decil más pobre destina al pago de IVA es tres veces la que destina el decil más rico. Es cierto que intertemporalmente (esto es, en varias generaciones) esta regresividad desaparecería, porque los ahorros de los más ricos serían eventualmente consumidos por sus herederos, pero sí se da en cada periodo.
Vale entonces preguntarse si hay otras alternativas que debieran explorarse primero. Entre las medidas tributarias posibles están la reducción en la evasión y la elusión, la eliminación de exenciones tributarias y el aumento en la base del impuesto a la renta de las personas, reduciendo el número de tramos exentos. Adicionalmente debe considerarse la reducción de gastos en programas fiscales mal evaluados.
Respecto de la evasión, una ex alta autoridad del SII estima que la evasión del IVA alcanzaría un 2,2% del PIB, mientras las del impuesto de primera categoría (impuesto corporativo) y del impuesto a las personas (Global Complementario) llegarían a 4,5% y 0,8% del PIB, respectivamente. Vale decir, solo por efecto de una menor evasión podría llegar a recaudarse hasta un 7,5% del PIB en mayores impuestos. Disminuir la evasión es además un problema de justicia y equidad: pocas cosas causan tanto malestar como constatar que no se cumple aquello de “ley pareja no es dura”.
Respecto de las exenciones, vale la pena mirar con cuidado cuáles se justifica mantener y cuáles son solo el resultado de grupos de presión en búsqueda de privilegios –lo que también genera malestar, si al no justificarse socialmente implicaría no se cumple “ley pareja no es dura”. En la actualidad y según datos del SII, estas exenciones y regímenes especiales implicaron un “gasto tributario” en 2019 de 2,9% del PIB.
Antes de proponer subir impuestos existentes o crear nuevos, lo que puede tener efectos adversos importantes en el crecimiento y productividad de la economía en el largo plazo, es importante revisar dónde se puede mejorar lo que hay: todo parece indicar que hay mucho espacio para lo segundo.
