Por Marcelo Mena y Ana Lya Uriarte, ex ministros de Medio Ambiente; Jorge Canals, ex subsecretario de Medio Ambiente; Ximena Insunza, ex ministra del Tribunal Ambiental; y Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile
El 1 de junio de 2017, el Presidente Donald Trump decidió retirarse del Acuerdo de París. Afirmó que era un trato injusto e inconveniente para su país, porque obligaba a reducir emisiones mientras otros países no tendrían las mismas obligaciones. Apuntó a China y con eso se excusó de continuar la lucha contra el cambio climático. Los estudios que tenía a mano hablaban de la inmensa amenaza del cambio climático y de los beneficios económicos de enfrentar esta amenaza, impulsando inversión y crecimiento. Continuó atacando a las renovables, defendió al carbón, pero la realidad se impuso. El 2019, siendo Presidente, hubo un récord histórico de inversiones en renovable, las que crecieron en 28%. Desde que entró a la Casa Blanca, la generación con carbón ha bajado en un 30%, y por mucho que se tome fotos con un casco de minero a carbón, la realidad es otra: la tecnología está obsoleta, y tanto por razones económicas y ambientales desaparecerá. Ha ignorado la evidencia, y sigue defendiendo con terquedad y populismo sus errores, a los que suma insostenibles juicios de valor.
Hace poco menos de dos años, el Presidente Piñera hizo algo tanto o más nefasto que lo anterior, al negarse a firmar el Acuerdo de Escazú. El tratado fue impulsado por Chile en el marco de Río+20, el 2012. Entre 2014 y 2018, estando Chile en la copresidencia junto a Costa Rica, se negoció un texto que sumó a 22 países de los 33 de Latinoamérica y el Caribe. hasta que en marzo de 2018 se acordó el primer tratado ambiental de la región, que contempla principios consagrados en el derecho internacional, como la buena fe, la igualdad, y la transparencia en la información ambiental, la participación ciudadana abierta e inclusiva, y el acceso a la justicia ambiental conforme al debido proceso. Se introducen medidas para proteger a los defensores ambientales ante la ola de asesinatos e intimidaciones que ha caracterizado a la zona. Berta Cáceres y Chico Méndez son los casos más tristemente emblemáticos.
Sin embargo, a pesar de haber sumado poderes diplomáticos de estados fuertes como Brasil, México, Argentina, Colombia y Uruguay, el gobierno actual decidió echar pie atrás. En ese momento se justificó la decisión en que el Tratado abría riesgos de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y que allanaba el camino a una demanda marítima de Bolivia. Han pasado dos años y aún ni los tres cancilleres ni el Presidente Piñera han podido dar a conocer los fundamentos jurídicos en que dichos riesgos imaginarios se sustentarían. Se ha dicho que el acuerdo otorga un trato especial a los países sin salida al mar y que ello podría significar compromisos con Bolivia. Lo que no se explicita es que se trata de una especial consideración para cooperar con países de esas características, siguiendo la fórmula que se ha utilizado en Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acuerdo de París, y la Convención Marco de Cambio Climático, un lenguaje frecuente en los acuerdos internacionales al que no se le ha dado nunca un alcance distinto al de la cooperación. Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, México están en pleno proceso de ratificación; y ya lo han ratificado, a modo ejemplar, Uruguay, Bolivia, Ecuador, y Panamá. ¿Quiénes no han firmado hasta ahora? Solo unos pocos países, entre los que se cuentan el nuestro, Venezuela y Cuba.
El gobierno solo señala que firmar el Acuerdo de Escazú es “inconveniente para Chile”. Queda claro, de un análisis exhaustivo del texto, que las razones del rechazo a la firma de Escazú son exclusivamente políticas y fundadas en la reticencia que la máxima publicidad, la participación ciudadana, o a el acceso a la justicia ambiental provocan en los sectores conservadores.
Lo cierto es que este gobierno no valora el acuerdo porque no aspira a profundizar en cuestiones tan centrales como garantizar, fortalecer y promover derechos humanos, ni adhiere a principios como la transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental.
Para poder garantizar los derechos de acceso, que fortalece la democracia y el desarrollo sostenible, debemos considerarlos en el proceso constituyente, y luego elegir un gobierno que sí valore al acuerdo de Escazú como herramienta concreta para una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad. Este gobierno no firmará el acuerdo. No está en su ADN. Seguirá buscando excusas para desacreditarlo.
Preocupa, finalmente, el daño que ha causado este inexplicable rechazo a la firma del Acuerdo de Escazú a nuestra imagen internacional. Los problemas globales requieren acuerdos, encuentros y apoyos de la comunidad internacional en su conjunto. El liderazgo internacional no se autoproclama ni se autoasigna; se logra con una conducta de seriedad y de cumplimiento de los compromisos asumidos, con convicciones y con evidencia; se logra actuando conforme a principios que trascienden a los gobiernos y sin adopción de decisiones arbitrarias, de cara a la ciudadanía, con participación de la gente, con equidad social y ambiental. Precisamente los cimientos de un acuerdo que impulsamos, pero que abandonamos, como Trump, contrario a la evidencia, la diplomacia y el sentido común.
