Por Rolf Lüders, economista
La Convención Constitucional ya aprobó en comisión la estatización de la gran minería del cobre y de otros sectores mineros que pudiesen considerarse estratégicos. Es más, el programa del entonces candidato Gabriel Boric, nostálgico de las políticas económico-sociales de buena parte del siglo pasado, considera una significativa expansión del Estado empresario, incluyendo la creación de la Empresa Nacional del Litio, una fundición de cobre, una empresa de redes de telecomunicaciones, una empresa administradora de fondos de pensión, y la expansión de la función bancaria estatal de desarrollo, además de la promoción de empresas municipales de servicios como electricidad, agua e Internet. Así, es probable que en Chile estemos ad portas del inicio de un nuevo ciclo en materia del rol empresario del Estado en la economía.
Es cierto que las empresas públicas no tienen por qué ser menos eficientes que las privadas, pero en la práctica tienden a serlo. La diferencia entre los dos tipos de empresas, que a menudo es muy significativa, se explica principalmente por los incentivos, dado que las últimas están sujetas a una restricción presupuestaria dura (si no generan utilidades desaparecen), en cambio las ineficiencias de las empresas estatales las paga Moya, porque tienden a ser cubiertas por la ayuda de los gobiernos (Vickers y Yarrow, 1988).
La Unión Europea -modelo para muchos de aquellos que desean un papel más activo del Estado en la economía- resolvió el mencionado problema de incentivos sometiendo también a las empresas públicas a restricción presupuestaria dura (Corona, 1996). Tanto así que, para todos los efectos prácticos, prohíbe la ayuda estatal a las empresas públicas. Es más, considera incluso como ayuda la diferencia entre la rentabilidad de las empresas estatales y aquella de las empresas privadas comparables. Así trata en lo esencial a las empresas estatales, como si fuesen privadas. Ello hace posible que en la UE convivan economías con razones de patrimonio de las empresas estatales a PIB muy disímiles, como por ejemplo aquellas de Finlandia (40 por ciento) y Portugal (3,5 por ciento) (OECD, 2017).
Dado lo anterior, surgen de inmediato las siguientes dos preguntas. Por un lado, si se adoptara en Chile un tratamiento de las empresas estatales similar al existente en la Unión Europea, ¿tendremos la disciplina necesaria para actuar acordemente? A la luz del (in)cumplimiento de la regla fiscal, entre otros asuntos, me temo que la respuesta es negativa. Y por el otro lado, si vamos a tratar a las empresas estatales como si fuesen privadas, ¿para qué crear nuevas empresas públicas? Es mucho más eficiente lograr los objetivos sociales deseados mediante la regulación, incluyendo por cierto la promoción de la competencia, y la tributación.
