Por Ricardo Abuauad, Decano Campus Creativo UNAB y profesor UC
¿Cómo proteger y fomentar la arquitectura de un país? ¿Es posible que el Estado se dé reglas y se imponga deberes a este respecto? Si bien durante el último tiempo la conversación ha estado centrada en los derechos constitucionales a la ciudad y a la vivienda, ese no es el único frente legal para apoyar la construcción de nuestros espacios habitables.
Hace un mes se aprobó en el Senado español la Ley de Calidad de la Arquitectura. ¿De qué se trata? De declarar la arquitectura como “bien de interés general”, a la que afecta un “principio de calidad”: versatilidad, flexibilidad, integración armoniosa con el tejido urbano, eficiencia energética, inclusión y varios otros criterios se enumeran como consecuencia de ello. Pero hay declaraciones fundamentales: “Los poderes públicos procurarán ante todo la excelencia de las obras en las que ejerzan como promotores”; “el apoyo a las empresas y profesionales españoles que trabajan en el extranjero”; “fomentar la innovación” en las obras públicas; “impulsar proyectos piloto innovadores a escala real”; el deber público en el “mecenazgo de profesionales jóvenes” y de crear publicaciones para su divulgación. Estas y otras cuestiones, en las que el Estado se obliga a promover y defender la calidad de lo que hace, incluye además el definir criterios sobre los plazos de contrataciones (y pagos) de las obras que el sector público desarrolle (tema sensible en los profesionales).
Este ejemplo no es el único. Francia dispone también de una Ley sobre la Arquitectura, de 1977, que define que ella es “expresión de la cultura”, que regula sus ámbitos de competencia y de organización profesional, y la necesidad de contar con arquitectos en el desarrollo de obras (con muy contadas excepciones). Otra manera de proteger el ejercicio.
En una columna reciente, el destacado arquitecto Yves Besançon recuerda que ya hubo avances en esto en Chile con la elaboración de una Política de Fomento de la Arquitectura, que tendría una vigencia de cinco años, entre 2017 y 2022. Lamentablemente esa política, terminada, nunca fue enviada al Congreso. ¿De qué trataba? Luego de un exhaustivo diagnóstico, el documento planteaba varios objetivos de fomento, como promover los concursos públicos y la participación en ellos de los profesionales jóvenes; mejorar las contrataciones de arquitectos por parte del Estado; aumentar coordinación entre la Dirección de Arquitectura del MOP y la institucionalidad cultural; aumentar el apoyo a la investigación universitaria; difusión en el extranjero y varios otros.
“El Estado como promotor de arquitectura”, titulaba un artículo la arquitecta Pilar Urrejola, y creo que apunta al centro del asunto. La arquitectura es fundamental en la identidad de un país. Y, si bien el Estado chileno ya realiza acciones para promoverla, el que ese mismo Estado apruebe una ley o una política donde ese deber se consagra de manera permanente, donde se compromete con acciones y recursos conocidos por todos, sería un paso decisivo.
