SEÑOR DIRECTOR:
De acuerdo con la última encuesta CEP, el 50% de los encuestados considera que el estallido social fue “muy malo o malo” para el país, mientras los datos de la Defensoría Penal Pública reflejan que los ingresos de causas imputadas en ese período se dispararon catorce veces.
La reciente sentencia del 22° Juzgado Civil de Santiago, que obliga al Estado a indemnizar con $3 mil millones por la incendiada Parroquia de la Asunción por su falta de servicios durante el estallido, es un paso esperanzador. Esta decisión, junto con la reincorporación del absuelto cabo Zamora a Carabineros y el fallo de la Corte Suprema que exige a la Municipalidad de Santiago resolver los problemas de los vecinos de San Borja sin excusa posible, podrían marcar el inicio de una sanadora política de reparación sin sesgos ideológicos para, por ejemplo, las más de 6.800 Pymes afectadas por saqueos e incendios y los propietarios de inmuebles circundantes a las diversas “zonas cero”.
La necesidad de proporcionar una reparación integral cuando el Estado es responsable de los daños causados, es una recomendación de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, no se trata de un capricho.
Demetrio V. Benito O.
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