Por Paula Vial, abogada penalista y profesora Derecho UC
Hace años que sabemos que es necesaria una gran reforma a Carabineros. Algunos hablan de refundación, otros de reforma, algunos prefieren modernización, pero todos y todas coinciden en que lo que existe en este momento requiere de cirugía. Sin embargo, no es trivial la diferencia, porque la extensión del cambio y quién esté a cargo de este es fundamental. Y lo que se requiere es una intervención profunda, dirigida por un poder civil con conocimiento técnico y visión política, con capacidad de exigir rendición de cuentas y de controlarla, con apoyo de la propia institución que tendrá que aceptar su dependencia no deliberante, que establezca una formación al servicio de la comunidad y de sus verdaderos problemas de seguridad, con irrestricto respeto y protección de los derechos humanos, sin ambages ni subterfugios.
Existen muchas razones que hacen urgente un profundo y vasto remozamiento de Carabineros, y no solo se trata de los escándalos de corrupción o los excesos y abusos en el uso de la fuerza que la han desviado de sus deberes con la ciudadanía; o, peor aún, de las violaciones a los derechos humanos, que con lentas investigaciones y tibias reacciones amenazan a la comunidad con su letanía de repetición.
La urgencia por el control civil no se subsana con ministros obsecuentes que, sin preparación en materias de seguridad y policías, dejan hacer y se conforman con apariencias de obediencia y resultados insuficientes.
La necesidad de transparencia no se soluciona con una buena campaña comunicacional que pretenda maquillar la superficie, sino con claridad acerca de los protocolos con los que se prepara al personal para el uso de la fuerza y a los que deben sujetarse, o del uso de un superabundante presupuesto, con conocimiento de las compras millonarias que se realizan.
Los ciudadanos hemos entregado a la policía el monopolio del uso legal de la fuerza y a cambio exigimos un uso responsable y acotado.
Las críticas públicas que se hacen no son antojadizas ni en lógica de enemigos; la policía está al servicio de la democracia y se debe ajustar a sus principios, que incluyen la orientación al ciudadano y sus derechos humanos, y la obligación de rendición de cuentas o el sometimiento al poder civil. Las reacciones destempladas a las propuestas de cambio y las opiniones ofendidas, sin fondo ni imparcialidad, solo sirven para desviar la atención y a una defensa irracional del statu quo.
La exitosa experiencia de la reforma procesal penal nos ha mostrado que el apoyo político transversal, los insumos de las comisiones de expertos y la conducción decidida del Ejecutivo, logran cambios históricos. El proceso penal agonizaba, afectando los derechos de todos los ciudadanos a una justicia penal de siglo XXI, y el resultado fue brillante. Carabineros tiene la oportunidad histórica de elegir ser la policía que nuestra democracia y los tiempos exigen y de nuevo tenemos que estar a la altura del desafío.
