Por Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile; ex ministro de Relaciones Exteriores
En septiembre del año 2020 se publicó el Estatuto Chileno Antártico, el que avanza resueltamente hacia una postura más soberana. Para ello fue necesario abandonar la tesis que las estructuras jurídicas del Tratado Antártico eran aquellas que de mejor manera protegerían los derechos de Chile. Nuestro país es parte de este régimen internacional, porque entendemos que para enfrentar muchas de las amenazas que aquejan al sexto continente no son suficientes, por ahora, las facultades de solo uno o de muchos estados, pero ello no debe llevarnos a descuidar que nuestro objetivo esencial es uno: ejercer nuestros derechos soberanos sobre el área.
En este sentido, puede constituir un riesgo para nuestra soberanía la incorporación de más miembros al sistema antártico, en términos que los intereses de terceros terminen universalizando esta área. Cabe recordar que el Tratado tiene hoy 54 Partes, 29 de las cuales son Partes Consultivas y 24 Partes No-Consultivas, y que el paso del tiempo más bien puede debilitar y no consolidar nuestros derechos en la Antártica, no obstante, lo resuelto en el artículo IV del Tratado Antártico, en relación al congelamiento de las pretensiones territoriales de los estados.
Esta ley refuerza, en un actual entorno geopolítico complejo y cambiante, nuestra presencia jurisdiccional en la Antártica, al establecer, entre otros, procedimientos y condiciones para realizar actividades en ella, un sistema de permisos, o disposiciones destinadas a proteger el frágil y excepcional medioambiente antártico, incluyendo la consagración de faltas y delitos, y la sanción a la inobservancia de las normas establecidas.
En este sentido, la defensa de los derechos de Chile en la plataforma continental magallánica es un peldaño fundamental en la consolidación de nuestra posición austral. La misma subraya la cualidad austral de Chile como país antártico y marítimo, y le permite al país reafirmar su control político privilegiado en una geografía inscrita dentro de una zona emergente y de enormes beneficios para la población chilena.
Ante el renovado interés de las grandes potencias en la Antártica y sus recursos, Chile debe consolidar su propia posición estratégica, buscando acuerdos y compartiendo miradas con otros países del hemisferio sur que también se proyectan soberanamente al continente blanco. Dicho de otro modo, avanzar con otros países hacia una convergencia política más profunda, más estratégica y de largo aliento. La Antártica ofrece una potencialidad y subraya desafíos de tal envergadura, que su acertada gestión supera con creces las capacidades (y agendas) individuales de los países que nos proyectamos como naturales vecinos del continente blanco.
Debemos ahora intensificar nuestra presencia en la zona austral y en la Antártica, para lo cual el trabajo que desarrolla la Armada es de vital y central importancia para la política antártica de nuestro país.
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