Por Alejandra Zúñiga-Fajuri, docente de la Universidad de Valparaíso
“Las personas tienen el derecho fundamental a que se las deje en paz (…) ser libre significa tener derecho a elegir equivocada y hasta trágicamente”, sostenía Engelhardt en su clásica obra Los fundamentos de la bioética. Y esto es algo que sabía bien la española Inmaculada Echevarría cuando el 14 de marzo de 2007 logró al fin lo que tanto anhelaba: morir. Inmaculada dejó, a los 51 años, una vida que dependía de un respirador mecánico del que luchó por separarse por más de 20 años. El mismo anhelo tenía el italiano Piergiorgio Welby, un enfermo con distrofia muscular progresiva quien murió en diciembre del año 2006, cuando su médico Mario Riccio, a petición suya y tras sedarle, le desconectó del respirador.
A pesar de lo intensa que puede llegar a ser la angustia emanada de la idea de la propia muerte, ésta, sin embargo, resulta a veces desplazada por los padecimientos y tormentos que puede significar sostener la propia vida. Es el miedo al dolor lo que nos hace odiar la idea de la muerte y también el miedo al dolor lo que nos hace, en ciertas circunstancias, desearla. Todo es, finalmente, una cuestión de intensidad de sufrimiento. Por ello, la tolerancia social hacia las conductas que ponen fin a la vida de enfermos graves a petición suya está legal o jurisprudencialmente autorizada en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Además, mientras los parlamentos de España, Portugal y Chile debaten su aprobación, Nueva Zelanda lo votará este año en referéndum. En el caso del suicidio asistido (donde es el enfermo quien ejecuta la última acción que provoca la muerte), es legal en Suiza, algunos estados de EE.UU. y el estado de Victoria en Australia.
En Chile hay varios tipos de eutanasia que ya están legalmente permitidas, por lo que el proyecto de ley que se discute hoy en el Congreso es solo el último paso. Como se sabe, la eutanasia admite diversas clasificaciones doctrinales, atendiendo a la ejecución del acto (eutanasia activa o pasiva) y a la intencionalidad del autor (directa o indirecta). Una eutanasia es activa cuando el médico realiza actos para ayudar a morir eliminando o aliviando el sufrimiento, mientras que será pasiva si involucra una omisión, es decir, el médico deja de hacer aquello que permitiría alargar la vida del paciente. A su turno, la eutanasia será directa si el médico realiza (u omite) algún acto con el objetivo (la intención) de acortar la vida de un paciente que se lo ha solicitado. Será, en cambio, eutanasia indirecta cuando la intención del médico tiene un doble efecto: aliviar el sufrimiento del paciente a sabiendas que ello abreviará inevitablemente su vida (por ejemplo, la administración de morfina tiene efectos perjudiciales por depresión de la función respiratoria que en altas dosis puede acelerar la muerte).
En Chile, el único tipo de eutanasia que no está permitida aún es la directa. Todas las demás se practican diariamente en nuestros hospitales bajo el amparo de la ley. Está autorizado no iniciar tratamientos médicos vitales, suspenderlos o aplicar medicamentos con el fin de aliviar el sufrimiento, aun cuando ello pueda acarrear la muerte. Se arguye que, mientras el médico no tenga la intención de matar, es un acto legítimo, pues el resultado de su acción sería involuntario (se trata de la llamada “doctrina del doble efecto”, de Tomás de Aquino). Ahora, ¿pueden justificarse moralmente estas distinciones? ¿De qué manera el médico podría ser causa parcial de esa muerte? “Si administra una dosis alta de morfina que produce una depresión respiratoria y el enfermo muere, sería falso atribuir su muerte a un fallo respiratorio sin indicar lo que lo provocó, como lo sería achacar la muerte de un individuo al tren que le pasó por encima sin indicar que alguien lo empujó a la vía” (R.G. Frey).
Lo cierto es que ni desde el punto de vista del paciente existiría una diferencia moral pertinente entre los dos “actos” que acarrean finalmente la muerte, ni existe tampoco desde el punto de vista del médico. El desafío, entonces, es ser capaces de llamar las cosas por su nombre y reconocer a las personas el derecho a decidir por sí mismas cuando y cómo morir, pues hoy en Chile lo cierto es que solo quienes pueden pagar por una eutanasia “ilegal” tienen derecho a acceder a ella.
