SEÑOR DIRECTOR:
Hace unos días se realizó una sesión especial en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados dedicada a la situación de los campamentos en nuestro país. En la ocasión, como TECHO-Chile expresamos que, si bien comprendemos que los desalojos buscan el bienestar de la sociedad y la justa restitución de la propiedad, es preocupante que la medida y el modo en que se está llevando a cabo se haya vuelto una respuesta incuestionada a este drama socio-habitacional, pues en muchos casos se incurre en vulneración de derechos y generalmente no se provee de soluciones habitacionales alternativas.
Un factor clave para que esto esté ocurriendo de manera aceptada en nuestro país, ha sido la percepción negativa que ha recaído sobre los campamentos. Si hasta hace poco tiempo los entendíamos como familias honestas con necesidades habitacionales urgentes, hoy se les asocia a aprovechamiento y delincuencia. Esto contradice la evidencia de que los principales motivos por los cuales las familias llegan a vivir a campamentos son el allegamiento, el alto costo de arriendos y los bajos ingresos, además de ignorar el hecho de que la informalidad se debe principalmente a la ausencia de institucionalidad.
Según el ministro de Vivienda, actualmente existen 49 acciones que ordenan el desalojo de familias en campamentos, y en el nuevo catastro que conduce actualmente TECHO-Chile, el 32% de las 885 comunidades catastradas hasta el momento reportan haber recibido amenazas de desalojo, con o sin notificación formal. Esta es una situación que nos debería alarmar a toda la sociedad.
Por experiencia, cuando un desalojo no va acompañado de soluciones habitacionales alternativas la mayoría de las familias terminan allegadas, desplazadas a otros campamentos o, derechamente, en situación de calle. Por esto, se hace urgente que la institucionalidad disponga de mejores herramientas para enfrentar este desafío de manera integral, evitando agravar el ciclo de precariedad.
Benjamín Donoso SJ
Capellán de TECHO-Chile
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