Hace un año escribí una columna llamada “Gatopardo fiscal” para expresar mi percepción en ese momento que la elaboración de tres sendos informes, encargados por el Ministerio de Hacienda a expertos externos, orientados a buscar nuevas fuentes permanentes de recursos fiscales, no reducirían la estrechez fiscal. Al parecer, no me equivoqué.

Con el reciente Informe de Finanzas Públicas, ahora tengo la percepción que el aforismo “Gatopardo fiscal” tiene una cobertura mucho más amplia: hemos cambiado todo, para que todo siga igual. Me explico.

Tanto a nivel nacional como internacional se menciona, reconoce y aplaude que la institucionalidad fiscal chilena es muy “robusta”. Este título lo habríamos conseguido luego de innumerables ajustes en los últimos 25 años, luego de la implementación de la regla de fiscal en 2001.

Entre los elementos que se destacan se encuentran: un sistema de evaluación de los cerca de 700 programas públicos existentes, para focalizar adecuadamente las ayudas sociales y atender eficazmente a los más vulnerables; un proceso transparente donde la autoridad da cuenta del manejo de las finanzas públicas cuatro veces al año, para alcanzar a implementar los ajustes a tiempo frente a desviaciones de la meta; una institución independiente que contribuye al manejo responsable de la política fiscal llamada Consejo Fiscal Autónomo, para supervisar el cumplimiento de la regla fiscal; Comités de expertos independientes para estimar los parámetros determinantes del nivel de gasto fiscal, para sacar de la contingencia política esta definición; una meta dual de balance y deuda bruta autoimpuesta, para que cada gobierno se comprometa en cumplirla; y una Ley de Responsabilidad Fiscal mejorada, para cautelar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sin lugar a dudas, esta institucionalidad fiscal se codea con las mejores prácticas a nivel mundial. Sin embargo, la mera existencia y perfeccionamiento de esta no ha evitado que la meta de balance estructural se incumpla, con grandes desviaciones, a vista y paciencia de todos, y sin cumplirse las causales requeridas para ello establecidas en nuestra “robusta institucionalidad”. La última modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que solo se puede sustituir el Decreto de Política Fiscal (donde se establece la meta de balance estructural y ancla de deuda) cuando existan causales extraordinarias que hagan necesario adecuar dichas metas. ¿Cuáles son las “casuales extraordinarias” que explican la sustitución del decreto en 2025? Este incumplimiento ya era evidente a inicios del 2024, incluso a fines del 2023, con varios Informes de Finanzas Públicas indicando el incumplimiento, ¿por qué no se tomaron a tiempo las medidas necesarias para no llegar a este punto? ¿Por qué se siguen aprobando proyectos de ley que comprometen grandes montos de recursos públicos sin estar seguros de contar con los recursos?

Al parecer hay un “último ajuste” a la institucionalidad fiscal que no se ha transparentado. Y es que el balance estructural ya no es una meta, sino que una fórmula que solo se estima y que luego “se explica”.

Por Macarena García, economista senior LyD