A poco más de cuatro meses de que venza el plazo para que los partidos políticos y los independientes puedan inscribir sus candidaturas ante el Servicio Electoral ha sorprendido el alto número de personas que están buscando patrocinio para presentarse formalmente como aspirantes a la Presidencia de la República en las elecciones del 16 de noviembre de este año. En los últimos días la cifra ha crecido exponencialmente, pasando de poco más de 70 aspirantes el 20 de marzo a 206 este viernes y es posible que el número siga subiendo. Entre ellos hay personas que han postulado en comicios anteriores, como Eduardo Artés, auspiciado en las últimas dos elecciones por el partido de izquierda Unión Patriótica o Tomás Jocelyn Holt, candidato independiente en 2013, cuando obtuvo poco más de 12 mil sufragios, la votación más baja recibida por un aspirante a La Moneda.

A ellos, sin embargo, se suma una larga lista de ciudadanos, la mayoría de ellos ajenos a la actividad política y provenientes de ámbitos muy diversos. La lista incluye a una tarotista, a un youtuber denunciado en el pasado por amenazas de muerte contra la candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei y a un cientista político que se autodenomina El Cisne Negro. También se cuenta al diputado Karim Bianchi y Claudio Sule, ex diputado e hijo del fallecido ex presidente del Partido Radical Anselmo Sule. Diversidad que hace difícil conocer todas las motivaciones que hay detrás de la decisión de cada uno de ellos para buscar apoyos que les permitan entrar a la papeleta de las elecciones presidenciales de fin de año, menos aún conocer las propuestas que quieren presentar al país. Son pocos los que cuentan, por ejemplo, con sitios web donde presentan su candidatura.

Pero más allá de lo anterior, el hecho revela una situación inédita en el país que exige reflexionar sobre sus alcances y las razones que explican la proliferación de aspirantes presidenciales independientes. La desconfianza en la política tradicional y la fragmentación y debilitamiento de los partidos favorece escenarios donde aparecen candidatos no tradicionales. Lo sucedido en países como Perú en las últimas décadas, donde el sistema de partidos se degradó, es un claro ejemplo de ello. Por eso, se hace aún más urgente avanzar en una reforma política que permita fortalecer las estructuras partidarias y limitar la fragmentación. La base de un sistema democrático sólido es un sistema de partidos que ofrezca representatividad ciudadana, dé confianza y entregue gobernabilidad al país, canalizando las demandas de la población.

Lo anterior también exige que quienes legítimamente quieran postularse a la Presidencia en forma independiente deban cumplir altas exigencias en términos de representatividad. En momentos en que se plantea fijar un umbral para que los partidos puedan tener representación parlamentaria, ya sea del 3% o del 5%, sería recomendable también que aquellos que pretenden liderar el gobierno del país tengan que superar una valla similar. Actualmente se requiere para poder inscribir una candidatura presidencial reunir un número de firmas equivalente al 0,5% de quienes sufragaron en la última elección, lo que en este caso es igual a 35.361 firmas. Es cierto que a partir de la próxima elección ese número subirá por el efecto del voto obligatorio, pero ello no quita que el porcentaje siga siendo bajo. Convendría equipararlo con el umbral que se propone para los partidos.

Las mayores facilidades para recibir los patrocinios también pueden estar favoreciendo el alto número de aspirantes. Al contrario de lo que sucedía en el pasado, cuando era necesario validar las firmas ante notario, hoy es posible hacerlo a través de la página web del Servel con la clave única. Avanzar en la simplificación de los trámites por parte de las distintas reparticiones del Estado con la clave única es un paso positivo, que hace más eficiente los procesos, pero debe también considerarse la relevancia del trámite en cuestión. En este caso, la importancia del cargo al que se busca aspirar ameritaría revisar si esa es la mejor vía para obtener los patrocinios. Lo mismo sucede con el caso de la ley de financiamiento de la política que también podría estar generando incentivos para el aumento de candidatos o espacios de abuso –como ya vimos en campañas anteriores- que conviene revisar.

Más relevante aun es la pregunta sobre qué gana el país con un número desmedido de candidatos presidenciales. Una elección presidencial, donde la ciudadanía debe pronunciarse sobre quién cree que es una mejor opción para dirigir los destinos del país, no puede convertirse en una competencia de popularidad, en la que quienes tienen más seguidores en redes sociales logran sumar un mayor respaldo, sino que debe ser una discusión de ideas, de propuestas de futuro, que es difícil que los votantes logren procesar cuando hay un número excesivo de aspirantes al sillón presidencial.