SEÑOR DIRECTOR:
El año pasado 1.438 personas perdieron la vida a causa de los siniestros viales, una cifra que representa una disminución del 12% respecto al año 2023. Si hubiese estado operativa la fiscalización electrónica, la famosa Ley CATI, se podría haber reducido un 30% de las muertes ocurridas en 2024, lo que habría implicado salvar aproximadamente 431 vidas, que hoy lamentablemente ya no tenemos.
Es absolutamente incomprensible que, a pesar de tener la solución a la mano y sabiendo que una fiscalización efectiva representa el 70% de la estrategia para reducir la tasa de fallecidos y heridos en las vías, la autoridad continúe con su pasividad. Más de 21 meses han pasado desde la promulgación de esta norma, y aún no se han ingresado el total de los reglamentos en Contraloría, lo que evidencia una preocupante falta de compromiso y urgencia para enfrentar este drama social. Es cierto que la instalación de radares puede generar rechazo en ciertos sectores, pero la protección de la vida debe estar por encima de cualquier cálculo político o temor a la impopularidad.
Alberto Escobar
Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.