SEÑOR DIRECTOR:
He leído con asombro las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo donde declara que “es una buena noticia para el país” no cumplir un fallo judicial que restituye el derecho de propiedad.
Al parecer, el actual gobierno estaría de acuerdo con el antiguo refrán que dice que “es mejor pedir perdón que pedir permiso”, ya que los miles de ocupantes ilegales de la megatoma de San Antonio no debieron pagar impuestos para comprar un sitio, declarar su adquisición ante el SII, ni refrendarlo ante el CBR; no debieron pedir permiso de edificación, de recepción final, ni entregar factibilidad de nada; tampoco debieron pagar derechos municipales, cumplir con normas de seguridad, ni tramitar factibilidades de servicios básicos, y, por cierto, estarán exentos de asumir cualquier externalidad negativa ocasionada por la precarísima megaurbanización.
La izquierda latinoamericana ha romantizado las tomas como acciones reivindicatorias legítimas en pos de un “derecho a la vivienda”, pero no se detiene a analizar los incentivos perversos que ponen para que se repitan estas y otras graves acciones de fuerza, de incalculable detrimento fiscal y precarización, pero sobre todo devastadoras para la moral del trabajador que cumple con sus obligaciones.
¿Con qué cara se seguirá exigiendo que los ciudadanos honestos postulen por una vivienda legal o soporten una cada vez más asfixiante carga tributaria, contemplando cómo la desigualdad ante la ley la promociona el propio Estado?
Alejandro Sepúlveda Martin
Arquitecto PUC
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