América Latina ha sufrido los efectos dramáticos de un shock sistémico. El Covid 19 la afectó con particular intensidad. El dato es conocido: con solo 8,4% de la población mundial, padeció casi un tercio del total de muertos. La caída del PIB en el 2020 fue doblemente más pronunciada que la de la economía mundial, arrastrando a la pobreza a cerca de 50 millones de latinoamericanos. Es una de las regiones más desiguales y más violentas del planeta. Cuando comenzó a recuperarse parcialmente de la pandemia, sobrevino la guerra entre Rusia y Ucrania, que volvió a impactar negativamente en el crecimiento.
Todo esto no durará una eternidad, sin duda. Pero en los últimos años se ha configurado una situación ni coyuntural o transitoria: la “fatiga de la democracia” la llaman algunos, la “frustración democrática” la llaman otros. Son numerosos y de fuentes muy variadas los indicadores que ilustran el mal estado regional de la democracia. Para el período comprendido entre el 2010 y el 2019, según Latinobarómetro, el apoyo a la democracia pasó de un 63% a 49%; los promedios regionales esconden diferencias nacionales significativas. Destaca además el hecho que en solo tres países el apoyo a la democracia supera el 60% en el 2020 (Uruguay, Costa Rica y Chile).
El ranking elaborado por The Economist Inteligence Unit es convergente con los datos anteriores. Solo tres países (Uruguay, Costa Rica y Chile) pueden ser considerados democracias plenas. La mayoría forma parte de las democracias defectuosas y un grupo no menor de ocho países cae en la calificación de regímenes híbridos o autoritarios. Incluso en el caso de Chile, Latinobarómetro registra evoluciones inquietantes. Así, solo 2% considera que el país es una democracia plena; 53% considera que la chilena es una “democracia con grandes problemas”. Y de acuerdo con otra encuesta de 2023, 36% de los chilenos piensan que los militares tuvieron razón de realizar un golpe de Estado en 1973, mientras que solo 41% considera que nunca hay razones para dar un golpe.
Luego de un largo período de dictaduras militares, desde mediados de los 80 la región vivió un renacimiento democrático. Las transiciones abrieron esperanzas que sin embargo dieron lugar a frustraciones que se han constituido en terreno fértil para el avance de los populismos autoritarios. Bajo formas muy distintas a las típicas dictaduras militares del pasado, estas fuerzas prosperan al interior de las democracias. Su proyecto no declarado consiste en descomponerlas desde adentro, transformándolas en lo que se han llamado “democracias iliberales”. Nicaragua es un típico caso de descomposición de la democracia desde adentro, bajo la conducción de la pareja Ortega-Murillo. En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder a través de reglas democráticas, pero el régimen evolucionó paulatinamente hacia formas autoritarias. Cuba representa un caso distinto, anterior y casi de origen, aunque se han profundizado en el último tiempo los rasgos represivos.
En América Central, el ejemplo más alarmante, junto con Nicaragua, es El Salvador con Najib Bukele. En México, López Obrador gobierna con un talante mesiánico; sus intentos de reforma electoral debilitan una base esencial de la democracia: la confiabilidad en la autoridad electoral. En América del Sur, Bolsonaro sorprendió al mundo en el 2018 ascendiendo desde el “bajo clero” del Parlamento brasileño a la Presidencia de Brasil. Aunque fue derrotado en la reciente elección, consolidó una fuerza de casi 50% del electorado. En Chile, un exdiputado que reivindica la figura de Pinochet obtuvo en la última elección presidencial 44% de los votos; todas las encuestas lo muestran como una figura altamente competitiva de cara a las próximas elecciones presidenciales. En Argentina, junto con el avance de liderazgos autoritarios al interior de la oposición anti-peronista, ha surgido por fuera de los dos grandes bloques una figura nueva, Javier Millei, que cosecha apoyos crecientes a través de posiciones disfrazadas de “libertarias”, típicamente populistas y autoritarias.
Éstas provienen de la frustración con democracias que no han respondido a las demandas sociales, sobre todo de vastos sectores medios. La inseguridad en las calles y los barrios, la inflación, los bajos salarios, la mala calidad de la educación y de los servicios de salud, pensiones miserables, transportes precarios y abarrotados son el caldo de cultivo donde se desarrollan los autoritarismos que promueven soluciones simples a problemas complejos. La experiencia histórica es concluyente: las democracias prosperarán allí donde son capaces de ir más allá de los principios y los discursos generales y entregar soluciones concretas a problemas concretos. Las experiencias socialdemócratas de construcción de Estados de bienestar social en el Norte de Europa, por ejemplo, siguen siendo paradigmáticas. No es casualidad que los países donde se valora más la democracia son justamente los países que más han avanzado en la construcción de Estados de bienestar: Noruega, Nueva Zelandia, Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca (The Economist Inteligence Unit).
Sustentados en esta convicción, nuestro proyecto Alternativa Latinoamericana ha buscado avanzar en esa dirección. Un conjunto muy representativo de intelectuales y dirigentes políticos latinoamericanos se han venido reuniendo desde 2020 para formular una propuesta al respecto. Nuestros documentos sintetizan las principales conclusiones de un esfuerzo que se inició a mediados de los 90 del siglo pasado. Anticipamos las evoluciones políticas que tendrían lugar en países importantes de la región como Chile, Colombia y Brasil, así como el triunfo de los demócratas en los EE.UU.
No obstante, una vez instalados, los nuevos gobiernos han enfrentado dificultades múltiples que han limitado su campo de acción. Joe Biden no ha podido contar con el respaldo parlamentario suficiente para sus esfuerzos sociales; Gabriel Boric en Chile ha sufrido dos sonadas derrotas en su primer año de gobierno, con el rechazo en el plebiscito constitucional y de una ambiciosa reforma tributaria. Apenas iniciado su nuevo período en Brasil, Lula ha sido objeto de un intento de golpe de Estado que asaltó literalmente los tres principales símbolos del poder en Brasilia y que contó con la complicidad de parte importante del aparato de seguridad. Y Gustavo Petro en Colombia, al cabo de un arranque exitoso, ha enfrentado obstáculos severos a sus reformas, en especial en el ámbito de la salud.
Nosotros hemos llegado a una simple y conocida conclusión: construir estados de bienestar sigue siendo la respuesta a las amenazas a la democracia. Pero se trata de un proyecto que solo podrá concretarse en plazos medianos y largos, mientras que los populismos autoritarios representan amenazas inmediatas. Por ello, es preciso encontrar respuestas que hagan frente a los desafíos del presente. Urge construir un “fast democratic delivery” que enfrente de manera eficiente, con medidas imaginativas, el peligro que representan los populismos autoritarios.
No todas las medidas inmediatas constituyen soluciones. Los retiros masivos de fondos previsionales en Chile durante la pandemia fue una respuesta de política pública a urgencias de corto plazo, que comprometió gravemente la construcción de un sistema que garantice el otorgamiento de pensiones dignas. Los retiros autorizados por el Parlamento movilizaron a más de US$50 mil millones. Aliviaron las penurias de las familias durante la pandemia, pero dejaron a un tercio de la población con sus cuentas de capitalización en cero y desviaron hacia el consumo, el pago de deudas o el ahorro personal recursos imprescindibles para un sistema de pensiones decente en el porvenir.
Asimismo, los encarcelamientos masivos impuestos por Bukele en El Salvador constituyen una respuesta efectista a los estragos de las maras o pandillas. La población angustiada por la inseguridad las aplaude y premia al Mandatario con niveles de aprobación superiores al 80%. De nuevo: el éxito cortoplacista compromete el futuro, en la medida en que los principios básicos de la democracia y derechos humanos elementales han sido groseramente violados. Otro posible ejemplo sería la virtual congelación o apreciación del peso mexicano desde 2019, gracias a elevados diferenciales de interés con Estados Unidos. A corto plazo, satisface la insaciable sed de pesos baratos de las clases medias mexicanas. A mediano y largo plazo, enfría la economía y vuelve menos competitivo al país.
Corresponde en consecuencia introducir una distinción fundamental. Es preciso distinguir entre, por una parte, el “fast democratic delivery” y por la otra el “short-term populist delivery”. Existen programas que responden a urgencias de corto plazo propios de la construcción de sistemas de protección social avanzados. No son atajos que conducen a callejones sin salida, sino avances que pavimentan el camino principal. Existen buenos ejemplos que se podrían replicar, ajustándolos a las particularidades nacionales.
Uno es “Bolsa Familia”, cuyos antecedentes remontan a la Presidencia de Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Se trata de un programa con el mérito de superar el clásico asistencialismo, imponiendo a las beneficiarias obligaciones en contrapartida -vacunas, asistencia a la escuela- que ayudan a construir salidas de la pobreza. Lula lo extendió masivamente, transformándolo en una de sus principales realizaciones entre 2003 y 20011. El propio Bolsonaro no solo lo mantuvo, sino que amplio la cobertura y el monto de los beneficios involucrados, rebautizándolo como “Auxilio Brasil”, aunque sin mayor condicionalidad.
Otro ejemplo importante es la “Asignación universal por hijo o hija”, que se paga en Argentina cuando los progenitores están desocupados, tienen empleos informales o de servicio doméstico. Se trata del programa social de mayor impacto social en ese país y por ende del mayor respaldo político. Otra buena experiencia que conviene analizar es la del “Sistema Nacional de Cuidados” puesto en práctica en Uruguay. Su foco son las necesidades de las personas mayores de 65 años en situación de dependencia, los niños y niñas de 0 a 3 años y las personas con discapacidad severa.
Corresponde agregar en el caso de Chile la “Pensión Garantizada Universal”, que sustituye los beneficios de vejez del antiguo pilar solidario y se entrega a todos los mayores de 65 años que no dispongan de pensión contributiva y no sean parte del 10% más rico de la población. Habría que agregar la pensión no contributiva y universal iniciada en México por los presidentes Calderón y Peña Nieto, y ampliada por López Obrador,
Pero es en el ámbito de la seguridad donde se debiera avanzar más rápidamente. En Brasil, en México, en Centroamérica, en Chile e incluso en Argentina, las clases medias y los sectores populares claman por un fin a la delincuencia, a la violencia, a la inseguridad. No es sencillo encontrar soluciones de corto plazo, sin violar derechos humanos o garantías constitucionales, pero no es imposible. Existen ejemplos en el mundo. Sin un “fast democratic delivery” en esta materia, las amenazas a la democracia en la región se volverán más fuertes, y alarmantes. Quizás por allí habría en empezar.
Por Jorge Castañeda, ex Canciller de México, y Carlos Ominami, ex senador y ex ministro de Chile
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.