FES, la suma y resta de un mal proyecto

SEÑOR DIRECTOR:

¿Puede un gobierno de izquierda que siempre se opuso al CAE, “porque nadie debe endeudarse para pagar por su educación” decían, que abrazó la gratuidad universal el 2017 y que llega al poder el 2022 con la consigna -estilo Robin Hood- de condonación universal de las deudas del CAE, ofrecer una reforma al sistema de ayudas estudiantiles juiciosa y realista? Muchos pensamos que no.

Sin embargo, después del rechazo al delirante proyecto de la Convención Constitucional que prometía eso y más, ese mismo gobierno, por la fuerza de los hechos más que por convicción, se dio un baño de realidad al caer en la cuenta de que no era razonable que el Fisco pagara anualmente US$ 500 millones a los bancos en garantías por los morosos del CAE. Se sacudió de su espejismo ideológico, abandonó la promesa de condonación universal y envió un proyecto de ley para crear el FES, con la muy “neoliberal” medida de cobranza del descuento por planilla para forzar a los deudores a cumplir con sus obligaciones. ¡Para no creer, pero así fue!

Sin embargo, como en la fábula de la rana y el escorpión, la naturaleza tira y no afloja. Hubo dos agregados que desfiguran seriamente este proyecto. Los estudiantes que tienen necesidad de apoyo del Fisco -no los ricos, sino los sectores de ingresos medios-, que tienen buenos retornos en el mercado laboral, además de pagar el costo de la carrera pagarían un impuesto al graduado con tasas muy gravosas. Un impuesto directo al capital humano en empleos formales. Pero, además, a las universidades se les fijan los aranceles y no podrán recibir el copago, excepto por el decil 10, dejando de percibir del orden de los U$ 200 millones anuales. La cifra representa algo menos de la mitad del gasto en ciencia y tecnología lo que afectará la investigación, el desarrollo y la innovación, en corto, la calidad, siendo mayor el perjuicio en las privadas no tradicionales que dependen del pago de aranceles.

La iniciativa legal que se tramita actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara, califica como un mal proyecto. A menos que se separe: uno que rescate los aspectos positivos y otro que demuestre que el impuesto a los graduados hace sentido en una economía con problemas de productividad y que las universidades sean compensadas por las mermas de ingreso; tal como está, no tiene méritos para que se apruebe la idea de legislar.

Carlos Williamson

Clapes UC