SEÑOR DIRECTOR:
El proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior (FES) se encamina a entregar al Estado la casi total responsabilidad en el financiamiento de los aranceles de las instituciones. Se inició el 2016 con la gratuidad y ahora con el FES se consolida al quedar bajo tuición estatal una porción mayoritaria de los ingresos que financian los estudios de pregrado de alrededor de un millón de estudiantes.
El gobierno envía una iniciativa legal que so pretexto de eliminar el CAE refunda el sistema de financiamiento. Y lo hace al alero de un mal diagnóstico. Primero, declara que a las universidades “les sobra plata”. No parece ser así. Según la FECU 2022 de la Superintendencia, las utilidades anuales de todas las universidades fueron un 2,9% de los ingresos de operación, corresponden a $168 mil por estudiante -ninguna desmesura- y no se quedan “bajo el colchón”, sino financian las inversiones para el desarrollo, que han sido vitales para el mejoramiento en la calidad y equidad. Segundo, recurre a una falacia muy extendida y con aroma elitista: “Se fue demasiado lejos en la masificación sin evidencia de mejoras en la inserción en el mercado laboral”. No es correcto. La masificación ha sido, en general, exitosa como palanca de movilidad social. No por nada Chile mantiene el primer puesto entre los países de la OCDE con el mayor premio salarial tras el paso desde la educación media a la educación superior. (Education at a Glance 2024). Tercero, se habla de una “angustia permanente para las personas deudoras”. Para el 90% de los deudores del CAE con pagos activos, los egresos no superan los $45 mil mensuales.
El proyecto de ley tiene tres agregados de grueso calibre. Una condonación masiva que al año 10 suma US$ 2.500 millones. La creación de un inédito impuesto a los graduados, progresivo según ingresos que, para un conjunto amplio de deudores, significan desembolsos de hasta 2 y 3 veces el aporte público recibido. En corto, un impuesto a la inversión en capital humano en un país que anhela mejorar la productividad y aumentar los empleos formales. Y finalmente, las instituciones no pueden recibir un copago de los estudiantes, excepto del decil más rico. A las mermas de la gratuidad, se estiman del orden de los US$ 110 millones anuales, se agregarían otros US$ 70 millones más. Estas caídas en los ingresos comprometen la autonomía financiera y nivelan hacia abajo la calidad.
Carlos Williamson
Profesor titular PUC
Clapes UC
