Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
Después de dos años de tramitación, el Senado terminó aprobando gran parte de la disposición contenida en el veto del Ejecutivo, respecto a las indicaciones aprobadas en la Comisión Mixta. Un veto extenso, con 38 indicaciones, en que las más importantes de ellas fueron finalmente aprobadas por el Congreso, lo que en la práctica significó una reducción de controles, inhabilidades, fiscalizaciones, eliminando la súper vigilancia presidencial y desvinculado el Sistema de Protección integral (garantías) con el Servicio de Protección Especializada.
Este último, que pretende superar la antigua institucionalidad, atenderá a casos más complejos, por tal razón mayoritariamente desjudicializa el resto de las causas, que debieran resolverse en una instancia administrativa, definida al interior del sistema de protección integral y que operará con las oficinas locales de infancia.
Por lo mismo, sin la tramitación del Sistema de Protección Integral (garantías), es imposible asegurar la potestad administrativa y la articulación con el intersector para dar respuesta oportuna y de calidad. Esto último ha sido precisamente el factor gravitante en el mal desempeño del actual sistema de protección. Adicionalmente, la disminución de controles, tiempos de inhabilidad y responsabilidades corporativas no contribuyen a mejorar la supervisión efectiva, la evaluación y detección oportuna de negligencias y vulneraciones graves, asimismo no impide la permanencia en el nuevo servicio de operadores cuestionados por graves abusos, maltratos e incluso muertes a niños.
Son valorables los cambios en materia de especialización y descentralización del servicio, y por cierto la creación de una instancia administrativa, pero solo tendrán efectividad una vez implementado el sistema de garantías. En consecuencia, sorprenden positivamente las declaraciones de Rosario Martínez, recién designada Directora de Sename, en orden a la profesionalización del servicio, a través de la implementación de programas basados en evidencia y también gracias a la mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación de estos. Sin embargo, la factibilidad de esto dependerá de impulsar una verdadera reforma estructural que instale un sistema de financiamiento no basado en subvenciones y con mayores estándares de calidad, que pague por resultados y no por cupos y que aumente el control sobre los organismos colaboradores, excluyendo aquellos que han vulnerado gravemente los derechos de los niños. Por esta razón es necesario una reforma profunda a la ley 20.032 que regula la relación con los organismos colaboradores, marco normativo que es especial para este sector, a diferencia de lo existente en el resto de la institucionalidad en relación a los proveedores de servicios del Estado.
