El foco en los cambios que impactan

El fervor de cambio constitucional dejó en segundo plano ciertas iniciativas legislativas que tienen un impacto profundo en las escuelas, buscando superar los problemas que hemos evidenciado en nuestro sistema. Así ha ocurrido con el proyecto de ley que modifica la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Una crítica compartida transversalmente es la excesiva burocratización a la que están sujetos los establecimientos. En efecto, la Comisión Todos al Aula identificó como uno de los grandes problemas la alta carga administrativa que impone la ley la que recae en los directores, quienes en vez de cumplir con su rol pedagógico pasan la mayor parte del tiempo dedicados a tareas administrativas, lo que trae consigo un impacto negativo a la hora de poder instalar las mejoras en los colegios. La SEP en cierta medida ha contribuido también en este conflicto.

Dicha ley otorga cierta autonomía a los establecimientos para el uso de los recursos que se les entregan, teniendo como requisito que sean utilizados para la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), con énfasis en los alumnos prioritarios e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico. En consecuencia, los recursos entregados por la SEP deben ser rendidos de manera independiente del resto de las subvenciones, duplicando así la carga administrativa de quienes firman el Convenio. Adicionalmente, se ha generado cierta incertidumbre respecto del uso de los recursos, en el sentido de si cumple o no con los requisitos establecidos en la ley de acuerdo a la interpretación que le ha dado la Superintendencia de Educación y la Contraloría. Ello significó que $ 47.000 millones no se ejecutarán por problemas de incertidumbre e interpretación, entre otros.

Por su parte, el proyecto enviado por el Ejecutivo se hace cargo de los avances legislativos que hay en otras materias y que no existían al momento de la creación de la SEP, como es el caso del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación que creó la Ley N° 20.529 y que incorpora el PME al sistema completo. La iniciativa, por tanto, deja que sea dicha normativa la que se haga cargo de ello, promoviendo de esa forma un mayor orden y unidad a nuestra legislación. En esta línea, permite que la SEP sea tratada de igual manera que todas las subvenciones, es decir, que debe ser utilizada para fines educativos y ser rendida en conjunto  bajo las mismas normas que éstas. Por último, el beneficio se hace obligatorio para todos los establecimientos que no contemplen copago eliminando la necesidad de generar un Convenio de Oportunidad para recibir la subvención y alcanzar así una mayor cantidad de estudiantes prioritarios y preferentes.

Asimismo, el proyecto le entrega más competencias a la Agencia de Calidad, ya que los planes de mejora deberán ser elaborados tomando en consideración las recomendaciones y observaciones que realice el organismo, lo que es positivo, ya que permite una mayor orientación en las escuelas. Una de las dificultades que se observa es la falta de herramientas que tienen para elaborar sus planes e implementarlos con las medidas necesarias para que estas mejoras logren instalarse. Un ejemplo concreto es lo que ha ocurrido con las ATE (asistencia técnico-pedagógica externa). Su contratación es donde mayores recursos se han destinado; sin embargo, varias son las escuelas que fallan a la hora de evaluar y diagnosticar los problemas internos como también el tipo de asistencia que requieren. En ello la labor de la Agencia será fundamental. Sin duda alguna esto requerirá de un desafío más grande, de manera que la entidad efectivamente cuente con el personal y los recursos necesarios para abarcar la mayor cantidad de escuelas posible.

La iniciativa en discusión es positiva y es de esperarse que cuente con una amplia aprobación en el Congreso. Aunque es necesario seguir fortaleciendo ciertas mejoras, especialmente en lo que se refiere a dar mayor certidumbre a los directivos para el uso de sus recursos y mejorar los sistemas de accountability, es éste el tipo de proyecto que debiera tener nuestra atención. Más allá de un cambio constitucional que se ve lejano, son éstas las reformas que generan cambios efectivos desde las escuelas y mejoras en nuestra educación escolar.