A poco del fin del gobierno, la discusión económica se centra en el bajo crecimiento y en la necesidad de un ajuste que permita volver al principio de la regla fiscal, que no es más que el viejo y sano principio de no gastar más de lo que se percibe. El Frente Amplio y el Partido Comunista llegaron al gobierno con el más añejo discurso de la izquierda latinoamericana; esto es, que la riqueza abunda, pero está mal distribuida. En última instancia, es una mirada que parece creer que el problema económico lo explican los sociólogos y lo resuelven los políticos.

Desde esa visión es lógico que el Estado asuma un rol activo, puesto que el problema económico sería en realidad un problema de redistribución y, por ende, una cuestión de justicia. Así el ministro de Hacienda se convierte en un encargado de recaudar, una suerte de Sheriff de Nottingham moderno, responsable de “quitarles a los ricos para darle a los pobres”. No es de extrañar, entonces, que se hable de reformas tributarias y el gasto público asuma un papel central en la gestión gubernamental.

Por supuesto, otra consecuencia de esta mirada es que el Estado tiene que crecer. Mal que mal, se convierte en una “empresa” cuyo presupuesto es fundamental y tiene que ser administrado y ejecutado por miles y miles de funcionarios. ¿Crecimiento económico? Todo lo contrario, la consigna es decrecer. Cuando la economía crece, para la izquierda latinoamericana sazonada con abundantes porciones de pensamiento “woke”, solo se benefician los ricos. Crecimiento es sinónimo del indigno “chorreo”, de aumento de la desigualdad y destrucción del planeta. Extractivismo abominable que debe ser reemplazado por una industrialización planificada centralmente, por ministros que saben lo que todos necesitamos.

Pero la economía no es simplemente cuestión de sociólogos, ni se agota en la mirada que se pueda tener desde las teorías de la justicia. La economía, demasiado demostrado está por los hechos, sigue sus propias leyes. La riqueza se crea allí donde hay libertad para emprender, donde existe un Estado de Derecho que garantiza reglas objetivas y eficaces, donde hay incentivos para el progreso individual y el Estado es un árbitro justo, que permite las condiciones en que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Todo esto es incomprensible para la izquierda que el Frente Amplio encarna, jóvenes con ideas viejas y propuestas contumaces fracasadas en siglos pretéritos. Para qué decir el PC, cuya candidata no logra salir de su defensa del régimen cubano; ni del triste rol del Partido Socialista que ahora, en los descuentos, trata de tomar distancia del “multifracaso” del gobierno.

Pero el resumen es demoledor: crecimiento paupérrimo, apenas cerca del dos por ciento; un gasto público desbocado, que quedará como herencia maldita al gobierno que les suceda; inversión negativa; y un desacierto tras otro en todos los pronósticos de ingresos y gastos, aunque hayan sido hechos por “la mejor directora de Presupuestos de la historia”.

Por Gonzalo Cordero, abogado