SEÑOR DIRECTOR:
La semana pasada, la minera Michilla sufrió nuevamente el robo de cátodos de cobre, un hecho que ha intensificado la preocupación en el sector. Los transportistas se están negando a trasladar cobre por las carreteras, y los trabajadores reportan sentirse inseguros, incluso con casos de lesiones. En respuesta, el Ministerio del Interior ha instado a las minas, consideradas esenciales, a reforzar sus medidas de seguridad para enfrentar la delincuencia.
Cada vez que enfrentamos emergencias -incendios, terremotos, alzas en las cuentas de la luz, entre otras-, recurrimos a la industria minera en busca de apoyo. Y probablemente lo seguiremos haciendo. Sin embargo, no se otorgan las condiciones necesarias para que el sector opere con certeza, especialmente en las vastas y remotas zonas donde se desarrolla su actividad. A pesar de la gravedad de la situación, no se han implementado medidas contundentes, como una política de “cero tolerancia” hacia la delincuencia.
El robo de cobre es un delito complejo, que requiere una logística especializada y está vinculado al crimen organizado. Su traslado implica el uso de maquinaria, almacenaje y compradores. Combatir estas redes es fundamental para restaurar la confianza de los inversores, alineándose con el objetivo de atraer más capital al sector.
No hay duda de que la minería es el motor de la economía en Chile. Para impulsar el crecimiento del país, es esencial abordar con firmeza todas las variables que afectan la seguridad y la confianza en el sector. Para ello, comencemos por la “madre de todas las batallas”: el diálogo con todos los actores de la industria y señales concretas de que no habrá margen de tolerancia a la delincuencia de ningún tipo.
Dominique Viera
Presidenta de Aprimin
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