Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
La llamada causa mapuche fue la coartada ideológica usada por una corriente emparentada en sus orígenes con el rodriguismo y otros grupos de raíz guevarista/castrista, que creció en las regiones de La Araucanía y el Bío-Bío debido a la desidia de varios gobiernos, y hoy constituye una fuerza político-delictiva que desafía abiertamente la legalidad democrática. Están muy claros sus métodos, y dado que han ganado confianza y cuentan con grupos de apoyo en Santiago y otras ciudades (su irradiación urbana quedó a la vista a partir del 18 de octubre), han pasado a mayores: hoy poseen fusiles AKA-47 y M-16, o sea, armas de guerra; además de vehículos, equipos de transmisión, refugios, elementos químicos para acelerar el fuego y, a todas luces, apoyo extranjero.
El lenguaje de la reivindicación étnica ha servido para tapar fechorías como el robo de madera, ganado y vehículos, el tráfico de droga, la extorsión mafiosa a los pequeños productores, a los que se les obliga a entregar una cuota de sus cosechas, etc. Hoy se entienden mejor las consignas de “autonomía territorial” y “desmilitarización de La Araucanía”, levantadas por los cabecillas; es lo que necesitan para ganar poder, someter por la fuerza a las comunidades mapuches que se resisten y crear condiciones para los negocios sucios. Los más osados levantan el objetivo de crear un “Estado mapuche”, el que solo es concebible sobre la base de segregar un pedazo del territorio nacional. Aunque esa hipótesis es afiebrada, podemos imaginar qué clase de Estado sería ese y de qué manera sería gobernado.
La sensación de desprotección se ha extendido en la macrozona sur. El bandolerismo con cara revolucionaria ha sido capaz incluso de enfrentarse a tiros con un escuadrón de miembros de la PDI. Así las cosas, muchos agricultores de La Araucanía y el Bío-Bío, cansados de las agresiones, y sintiéndose desamparados desde el Estado, expresan su voluntad de tomar las armas para defenderse. O sea, una tragedia mayor puede estar en ciernes, frente a lo cual los jefes de las FF.AA. deben hacer lo que les corresponde en el marco de sus obligaciones constitucionales, bajo la conducción del Presidente de la República.
Desafiado en el plano de la fuerza, el Estado democrático no puede retroceder. Aunque el actual gobierno, como cualquier otro, esté obligado a medir sus pasos al desplegar la fuerza militar y policial del Estado, la amenaza es ya de tal envergadura que la inacción no es una alternativa. Simplemente no se puede cerrar los ojos frente al drama de miles de compatriotas en el sur. Ceder terreno a los grupos terroristas solo agrava la situación y multiplica los perjuicios.
El país no puede dejarse someter por minorías violentas, cualquiera sea la bandera que levanten. El terrorismo amenaza directamente nuestra convivencia en libertad. Necesitamos, por lo tanto, unirnos para defender el régimen democrático.
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