Frivolidad constitucional

Si en un régimen presidencial enviar un proyecto de ley al Congreso ad portas de un cambio de coalición es inoficioso, hacer lo propio con una propuesta de nueva Constitución sacada del sombrero raya, además, en la frivolidad. Es lo que ha hecho el gobierno saliente en un gesto más afín a un check list administrativo funcional al llamado "legado", que a uno a la altura de la importancia de lo que se discute.

¿Tiene alguna viabilidad un texto no socializado con los partidos representados en el nuevo Congreso y ni siquiera con los de la Nueva Mayoría? Ninguna. ¿Ingenuidad política, displicencia o mero oportunismo del gobierno saliente? Difícil saberlo, aunque ninguna opción es muy enaltecedora.

La liviandad es manifiesta, además, al tratarse de un texto redactado en penumbras pero que se autodenomina representativo de la ciudadanía. ¿La prueba? Haber usado como "insumo esencial" la participación en los encuentros ciudadanos para "elaborar una Constitución legítima e inclusiva que represente a todos los sectores de la sociedad".

Por cierto, esto es doblemente falaz. Por un lado, menos de 1,5% del padrón electoral participó en los encuentros. Concluir que ese particular grupo es representativo de la sociedad es un salto lógico que no resiste análisis. Por otro lado, como demostró Arrow, agregar preferencias individuales múltiples cumpliendo criterios democráticos básicos es un imposible. Aunque claro, tal vez los redactores hayan sido bendecidos por alguna mística revelación.

Los encuentros ciudadanos tuvieron un indudable valor y muchos participamos de ellos con entusiasmo porque creímos que era una instancia valiosa para discutir principios. Por lo mismo, resulta un frívolo insulto a la inteligencia que se nos trate de pasar gato por liebre. Da más bien para pensar en una utilización interesada del proceso participativo en pos de validar concepciones a priori que el gobierno saliente enarboló desde un inicio. Por ejemplo, la de los derechos sociales, que en el nuevo texto constitucional incluyen educación, salud, pensiones, vivienda y trabajo.

Tomemos el caso de la educación. La sistematización de los encuentros muestra -vaya sorpresa- que el derecho a la educación es altamente valorado. Pero de ahí a concluir que la traducción agregada de esa preferencia sea judicializar su acceso universal y gratuito como se propone (incluyendo la educación superior en planteles estatales), hay un abismo.

Esta manera de plantear las cosas debilita a la democracia representativa. Por un lado, implica definir políticas públicas en la Constitución sustrayéndola del debate legislativo y entregando su interpretación a los jueces. Por otro, ata de manos a los gobiernos democráticamente electos en la definición de sus prioridades, siempre contingentes a los recursos disponibles. ¿No fue acaso de lo que se benefició la propia Presidenta Bachelet al tener que ajustar a la baja su promesa de gratuidad universal?

En el sueño del "legado", ¿habrá peor pesadilla que la del fantasma de un mal gobierno? Sin duda: la de uno frívolo.