Fuerte aumento del crédito informal
En forma creciente, ha aumentado el volumen de crédito informal en Chile. Los prestamistas irregulares han incrementado su presencia, sobre todo en zonas de alta vulnerabilidad social, las que presentan un mayor riesgo para su financiamiento por el mercado formal. Un estudio de la Asociación de Bancos señaló que la tenencia de deuda informal ha presentado un aumento sostenido y pasó de un 10,5% de hogares que afirman tener crédito informal en el tercer trimestre de 2016, a un 15,8% en igual periodo de 2017.
Este fuerte incremento está explicado por varias razones. En primer lugar, pese a que la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable, el empleo formal ha venido mostrando evidentes signos de precarización. Ejemplo de lo anterior es la caída pronunciada que muestra el empleo asalariado del sector privado, que en el último año destruyó 35 mil puestos de trabajo.
Otro elemento esencial en el crecimiento del mercado informal del crédito es la regulación asociada a la Tasa Máxima Convencional (TMC). Su diseño estuvo impulsado por mejorar la protección de los consumidores que podían acceder al crédito sin restricciones de tasa y podían ser víctimas de comportamientos abusivos. La expectativa inicial al impulsar la iniciativa legal de la TMC era llegar al 37% desde el 54% anual que exhibía en 2013, año de promulgación de la nueva regulación. Sin embargo, en diciembre de 2017 la TMC llegó a 35,8% para créditos inferiores a UF 50 y a 28,8% en préstamos entre UF 50 y UF 200.
Esta fuerte caída experimentada por el monto máximo que pueden cobrar las instituciones financieras ha tenido importantes efectos indeseados. Un estudio de la Superintendencia de Bancos (SBIF) reconoció que los desplazados del mercado formal del crédito producto de la aplicación de la TMC estaban entre las 151 mil y 227 mil personas en los tres años posteriores a su implementación.
Debido a los enormes efectos colaterales que tiene la proliferación del mercado informal crediticio se hace necesario perfeccionar la regulación asociada a la TMC. Por ejemplo, su cálculo está asociado a la tasa de interés promedio que cobran las instituciones bancarias a créditos por sobre las UF 200, excluyendo del algoritmo a los emisores no bancarios que son justamente lo que mayormente realizan la inclusión financiera en los segmentos de más bajos ingresos del país.
Dicha exclusión se hizo por razones técnicas debido a que al momento de promulgar la ley los emisores no bancarios no tenían la obligación de aportar información a la SBIF sobre sus operaciones crediticias, situación que fue corregida a partir del 2015. Actualmente no existe impedimento para incorporar en el cálculo de la TMC las tasas que cobran los emisores no bancarios y reflejar así mejor el comportamiento de todo el mercado formal.
Otro de los elementos que puede ser revisado es la estructura de tramos asociados a la TMC, sobre todo en los segmentos de microcréditos. Es fundamental dar los espacios dentro del mercado regulado para que los segmentos más vulnerables y a la vez más riesgosos encuentren financiamiento en el mercado formal y no como hoy, que deben recurrir a las peligrosas fuentes de crédito informal. Las nuevas autoridades debieran incorporar esta materia como parte de sus prioridades legislativas.
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