SEÑOR DIRECTOR:
El Senado aprobó en segundo trámite un proyecto que armoniza las leyes relacionadas con la Ley 21.430, reforzando la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Esto representa un paso crucial en el fortalecimiento del sistema de garantías de derechos. Su implementación dependerá de que el Estado disponga de los recursos y facultades para asegurar su cumplimiento.
Pero, además de garantizar la correcta ejecución de los fondos, es clave fortalecer la colaboración y fomentar la sinergia con los organismos de la sociedad civil, actores fundamentales en el desarrollo de políticas públicas en este ámbito.
Priorizar el cuidado familiar o de acogida sobre la internación en residencias es un enfoque adecuado, pero su éxito depende de un compromiso estatal sólido, respaldado por políticas públicas bien financiadas que permitan su efectiva implementación.
La aplicación de la ley no solo requiere de una buena fiscalización y ejecución técnica, sino también de la formación y comprensión de sus objetivos. La promoción de los derechos y la protección de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, que demanda voluntad y acciones concretas, más allá del papel.
Juan Pablo Venegas
Gte. Incidencia en Políticas Públicas World Vision Chile
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