Gas a precio justo, ¿a qué costo?

SEÑOR DIRECTOR:

Con gran preocupación vemos la noticia publicada por este medio en relación con el costo fiscal que tuvo la política de venta de gas licuado “a precio justo” impulsada por el gobierno e implementada por ENAP el año 2022. De acuerdo con la información dada a conocer, la medida que habría permitido reducir en un 35% el precio de un cilindro de gas para poco más de 3 mil hogares de San Fernando, Chiguayante y Quintero implicó un costo por cilindro que bordeó los $100 mil y más del 85% de este costo correspondió a distribución.

Es decir, la política significó que un grupo reducido de familias recibieran un descuento acotado en el precio del gas, pero con un costo muy grande para el país. Estas cifras debieran llamar a una profunda reflexión. La entrega de estos cerca de seis mil cilindros de gas fue financiada con los impuestos que pagamos todos los chilenos y, en momentos que se discute cómo subir la carga tributaria, este es un muy buen ejemplo de la necesidad de que tengamos garantía de que los recursos públicos serán bien utilizados, considerando la eficiencia como un objetivo central de las medidas, dada la escasez de los recursos. En este caso particular, las familias que no recibieron el beneficio debido al sobrecosto pagado por el Estado fueron las más perjudicadas. En efecto, a precio de mercado, se podrían haber adquirido cinco veces la cantidad de cilindros que se entregaron. El plan piloto no funcionó.

¿Qué habría que hacer entonces? Como hemos señalado en ocasiones anteriores, una alternativa muy superior a la elegida por el gobierno es un apoyo focalizado y activado de manera transitoria con transferencias directas a los hogares de menores ingresos, para que puedan hacer frente a este y otros gastos que han subido con la inflación de los últimos años. Este apoyo puede hacerse en coordinación con las empresas privadas establecidas aprovechando su eficiencia en la distribución, lo que permitiría reducir el costo fiscal de la medida, expandir su alcance y ciertamente evitaría el sobrecosto derivado de la distribución del gas a los hogares, algo para lo cual el Estado no está preparado como muestran los números.

En lugar de seguir escalando esta iniciativa, nos parece que lo más apropiado sería dar un paso atrás y asumir que la idea no funcionó. Que el Estado no puede estar porque sí presente en cualquier industria, porque los recursos son limitados, y seguir apoyando a los hogares más necesitados con instrumentos más eficientes.

Hermann González, Coordinador macroeconómico Clapes UC

Luis Gonzales, Coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente Clapes UC