En las próximas elecciones, la ciudadanía por primera vez podrá elegir gobernadores regionales. La figura fue creada en 2018 respondiendo a la demanda y necesidad de mayor descentralización (Suárez-Cao y Sandoval, 2019). El gobernador regional será elegido a través del voto popular, con segunda vuelta, si ninguna candidatura alcanza el 40% de los votos. Por ello, al tener un mandato popular -a diferencia del antiguo intendente-, obtenido en unidades territoriales grandes y por una buena mayoría, sería dable pensar que el gobernador será una especie de presidente, pero a nivel regional.
De hecho, muchas de las campañas actuales han tomado temas propios de las elecciones presidenciales. La seguridad ciudadana, prioridad para la ciudadanía, ha sido un tema central en muchas de ellas: frenar la delincuencia, perseguir y detener a los narcotraficantes son mensajes frecuentes de las campañas. Otras han puesto el tema laboral, aspirando a reducir el desempleo. ¿Pero tienen los gobernadores las atribuciones que les permitan, una vez en el cargo, tomar las acciones para ello? Es importante recordar que la figura del intendente no desaparece, sino que se modifica por la de delegado presidencial, quien mantiene las mayores atribuciones. Es cierto que, una vez electos, los gobernadores podrán solicitar el traspaso de atribuciones. Pero la decisión de hacerlo o no recae en el gobierno central (Aninat et. al, 2020).
En cualquier caso, bajo la ley actual, quien tiene las facultades en materias de orden público y seguridad no es el gobernador regional, y estas facultades no se le pueden traspasar. El gobernador puede implementar medidas que afecten indirectamente la delincuencia, como podría serlo, el aumento de luminarias. Pero no tiene atribuciones para medidas de impacto directo, como darle instrucciones a Carabineros, que son justamente las que la ciudadanía asocia más a las promesas de seguridad ciudadana.
Esto no es trivial, sobre todo en el momento político actual. La confianza en las instituciones es dramáticamente baja. En 2019, solo un 3% confiaba en el Congreso, un 2% en los partidos políticos, un 5% en el gobierno y un 17% en las municipalidades (CEP); es decir, no existe una reserva de confianza. Para restablecerla, la brecha entre las expectativas creadas durante la campaña y lo que se puede efectivamente hacer juega un rol central.
Al ser un cargo nuevo, no hay experiencia respecto a sus roles y atribuciones. Es probable que pocas personas sepan al respecto, y, por lo tanto, la gran mayoría formará sus expectativas en base a lo que escuchen en los medios y en las campañas. En este sentido, las campañas no solo son promesas de lo que va a hacer tal o cual persona si resulta electa, sino que informan de manera indirecta a la ciudadanía de los roles o atribuciones del cargo. Así, las expectativas dependerán también del tono y las campañas de todas las candidaturas, no solo de quienes resulten electas. Por ejemplo, al oír promesas de fuertes medidas anti-delincuencia, se generará la expectativa de que el gobernador puede cumplirlas, aunque no sea así. Si bien esto ocurre en todas las elecciones, la naturaleza y novedad del cargo amplifican este efecto y seguramente afectarán no solo la evaluación de quienes resulten elegidos ahora, sino también, de quienes les sigan. Por ello, en esta campaña lo que está en juego no es solo quién gana o pierde la elección, sino la credibilidad y legitimidad del propio cargo de gobernador.
