Por Arturo Squella, director Centro de Derecho Público U. San Sebastián
Ya elegidos los 16 gobernadores regionales, se presenta con mayor realidad la pregunta de cuál será su incidencia concreta en la descentralización del país. Dirigentes políticos y analistas celebran el importante paso, mientras que otros, principalmente desde la ciencia política y la academia en general, se refieren a la nueva figura regional como insuficiente o fuente de futuras dificultades, dada la convivencia forzosa que deberán experimentar con los futuros delegados presidenciales regionales.
Lo cierto es que más allá del simbolismo de su elección popular, mientras los gobernadores no cuenten con verdaderas atribuciones autónomas para la toma de decisiones, la repercusión en el proceso de descentralización que mayoritariamente se espera en Chile, sigue estando pendiente, ahora a la espera de la configuración total de los actores que ejercerán la autoridad regional, con la designación de los delegados presidenciales que se hará en su momento desde La Moneda.
Una vez en ejercicio gobernador y delegado, con procesos de transferencia de atribuciones abiertas y una revisión constitucional que promete en esta materia ser profunda, se avizoran tensiones con denominador común: la ciudadanía golpeará la puerta del gobernador pidiendo soluciones y el gobernador endosará la responsabilidad al gobierno central, personificado en la figura del delegado. El Presidente de la República hará tantos cambios de delegado como fuerza tenga el gobernador para representar los problemas y la ciudadanía se frustrará por percatarse que los cambios fueron de papel. ¿Puede evitarse este escenario? Tal como aborda esta materia la Constitución, no, pero si se pueden implementar medidas que ayuden a sobrellevar la etapa que dista entre la implementación de la reforma en curso y la nueva estructura que se comenzará a discutir en la convención constitucional, que sin duda apuntará a cambios más radicales.
Tal como los aspirantes a La Moneda dan a conocer previo a la elección el nombre de quién ejercerá el cargo de ministro de Hacienda, en materias regionales podrían hacer algo similar.
¿Qué pasaría si cada candidato a Presidente diera a conocer ex ante el nombre de quienes ejercerán la delegación presidencial de cada una de las 16 regiones del país?
Probablemente, los candidatos se esforzarían por elegir a las mejores personas disponibles. Al transformarse en una potencial herramienta de campaña, se preocuparían también por el prestigio y el conocimiento de la zona que detente su potencial delegado. La descentralización pasaría en definitiva a ser parte protagónica de las propuestas objetivas con que se medirían los candidatos fuera de Santiago.
De adoptarse una medida como la propuesta, el argumento tan equivocado como recurrente de que en algunas zonas del país no se cuenta con capital humano avanzado para asumir tareas complejas, se esfumará de la mano del empoderamiento de la dupla local presidencial, quien, a su vez, se convertirá en aval del Presidente y de su proyecto de descentralización frente a la ciudadanía. Se evitará el cuoteo político a la hora de llenar los cargos regionales, y el candidato presidencial más su representante regional tendrán que entusiasmar en campaña, con un claro plan de desarrollo, haciendo gala de un pleno conocimiento de los problemas y realidad local.
