Gobierno, fundaciones y startups

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro Marcel informó que entre las medidas de reactivación incluidas en el “Pacto Fiscal”, el Estado aportará recursos fiscales a fondos de inversión que, a su vez, invertirán en proyectos de capital de riesgo o privado. Lo anterior, para financiar emprendimientos “tecnológicos o innovadores” (sic). Proyectos de alto riesgo y sin historia.

Parece una medida lógica y “a la vena” del emprendimiento. Sin embargo, invita a una reflexión, pues todavía está en el aire la bochornosa sorpresa por el escándalo de recursos públicos mal entregados a fundaciones truchas.

Más allá de la retórica bien intencionada del proyecto del ministro, de no implementarse normas objetivas y fiscalizables, los fondos públicos quedarán al arbitrio de quien defina qué es un emprendimiento “de base tecnológica o innovadora”.

La iniciativa confía en la institucionalidad de la industria de los fondos de inversión regulados; lo que implica descansar en la gestión de supervisión que pueda hacer la CMF, agente regulador. Tal mecanismo conlleva dejar de lado a la Contraloría y las instituciones del Estado que deben controlar los fondos públicos.

Hay que recordar, que esos recursos son de todos; no de propiedad omnímoda del Estado; y su uso atiende necesidades urgentes. La inversión de esos recursos es uno de los asuntos más delicados en la administración del Estado.

Si se pretende usar fondos públicos para invertir en economía, primero necesita discusión nacional; para eso hay un Consejo Constitucional. Segundo, si la respuesta es sí, se debe implementar un “Estatuto de Estado Empresario” moderno, e independiente. Si algo debe aprenderse del caso Fundaciones es que no se pueden hacer transferencias de fondos públicos a privados sin institucionalidad sólida y un Estado eficiente. No vaya a ser que el escándalo futuro sea denominado: “Caso Startups”

Max Spiess

Abogado