El sector minero ha declarado desde el inicio de la tramitación del proyecto de ley de nuevo royalty que, atendidas las especiales circunstancias por las que atraviesa el país, es razonable que se incremente su carga tributaria. También ha manifestado que lo anterior debería hacerse cuidando la competitividad y teniendo en consideración los períodos de bajos precios, en especial por la idea de introducir un royalty ad valorem o a las ventas.
Ha costado tres años y al menos cinco textos legislativos tener un mejor diseño, que se haga cargo de los efectos negativos del componente ad valorem. Respecto a la competitividad, sin embargo, el escenario sigue siendo negativo. La Cámara aprobó un proyecto que llevaba la carga tributaria sobre el 80%. Inicialmente el Senado lo morigeró bastante y el gobierno, con su última indicación, busca que esa carga esté en torno a 48%, a través de un aumento de, prácticamente, 300% del royalty. Resultado evidente: quedaremos fuera de competitividad.
Para lograr la aprobación de este proyecto, el gobierno ha recurrido a dos líneas argumentales. La primera es afirmar que la carga tributaria efectiva de la minería en Chile es varios puntos menos que lo que casi todos los especialistas afirman y, la segunda, es concentrar sus exposiciones ante los senadores en lo que recibirá cada región con el incremento del royalty.
Para lo primero, el Ministerio de Hacienda tuvo que elaborar un modelo propio, con supuestos metodológicos que se alejan de aquellos usados por prácticamente todos los expertos independientes que han analizado la materia, incluido el Fondo Monetario Internacional. Un buen resumen de los resultados de estos análisis consta en un documento de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), dado a conocer días atrás, donde aparece de manera evidente que los cálculos de Hacienda dan resultados de carga tributaria para Chile que quedan claramente por debajo del resto. De este modo, todo indica que el objetivo recaudatorio del gobierno sacrifica la competitividad de la minería chilena, sin consideración alguna al impacto futuro.
Para lo segundo, el gobierno compromete recursos a todas las regiones del país y un poco más a las regiones mineras, esforzándose en subir la oferta cada vez que la discusión sobre tasa efectiva se complica. Esperamos que el Senado no pierda de vista que todas esas promesas no podrán cumplirse si la actividad minera se ve gravemente afectada en su competitividad y menos si la distribución de recursos a las regiones depende de lo que se decida anualmente en el presupuesto de la nación.
En todo caso, lo que debe preocupar al país es que la propuesta del gobierno solo sea capaz de recaudar en el corto plazo, a costa de infringir un grave daño al desarrollo de la actividad económica más importante del país. Si el mismo esfuerzo que se ha puesto en la aprobación de este proyecto de ley se pusiera en promover el desarrollo de la minería y otras actividades productivas, el efecto recaudatorio sería muy superior al del royalty en discusión.
Llevamos demasiado tiempo, más de tres años, bajo una grave incertidumbre sobre la carga tributaria sectorial, con la consecuente postergación en las decisiones de inversión. Es indispensable que esta materia se resuelva en plazos acotados, con un incremento tributario razonable y no desmesurado como el propuesto por el gobierno. El país y su sector minero no pueden seguir esperando.
Por Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero
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