SEÑOR DIRECTOR

El informe de la Contraloría sobre la gratuidad en la educación superior ha motivado una interesante discusión, por el déficit financiero que generaría para algunas instituciones la brecha entre el arancel real y el utilizado para calcular el aporte de gratuidad, como por la utilización de lo primero para financiar actividades distintas de la formación.

Más allá de la necesidad de una diferencia entre dichas cifras -pues de lo contrario se incentivaría el aumento de los aranceles en las instituciones privadas-, resulta necesario, para esta discusión, distinguir entre el financiamiento de estudios gratuitos y aquel destinado al quehacer distinto de la formación. Así, si la gratuidad no permite cubrir el costo de las otras actividades, son los otros mecanismos de financiamiento los que debieran ser revisados, y no utilizarse esta situación para poner en duda una política que viene a cumplir con un mandato imperativo y progresivo de gratuidad en la educación superior establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual ha sido ratificado por nuestro país y que se encuentra vigente.

Willy Kracht

Flavio Quezada

David Rojas

Instituto Igualdad