Gratuidad, CAE y la política pública

Es difícil no concordar en que la educación superior chilena ha sido un factor positivo en la caída de la pobreza por ingresos monetarios que muestra la encuesta Casen en los últimos 20 años. En efecto, dotó a un vasto sector socioeconómicamente vulnerable de chilenos de herramientas para una mayor calificación de la mano de obra y mejores salarios.

Con todo, sin la presencia de financiamiento estudiantil, esto habría sido imposible. La diversidad de ayudas estudiantiles permitió en las últimas décadas crecer y llegar a un millón 150 mil estudiantes en 2015. La palanca de movilidad social estaba en marcha mucho antes que la gratuidad entrara en escena en 2016.

Antes de la gratuidad se discutían reformas indispensables al principal instrumento, el CAE. Piñera 1 (2010 - 2013) rebajó la tasa de interés al 2%, e incorporó la contingencia al ingreso laboral del deudor, al poner un techo de un 10% en el pago mensual del egresado.

Quedaba pendiente, entre otras cosas, el copago que desembolsa el alumno como complemento al crédito fiscal que recibe, lo que, en el margen, puede frenar su acceso.

En medio de esta discusión irrumpió la gratuidad que resolvió de raíz el copago en las instituciones adscritas al costo de generarles a ellas un desfinanciamiento. Pero, además, creó un problema que suele pasar desapercibido: segmentar el sistema universitario.

No hay igualdad de oportunidades para todas las instituciones y para todos los alumnos con el mismo perfil económico. En efecto, muchas de las universidades que están fuera y que cumplen el requisito de calidad, aunque quisieran, no podrían ingresar, porque las brechas de desfinanciamiento son enormes, ya que tienen una proporción alta de estudiantes pobres. De paso, además, dichos estudiantes perciben una situación injusta: para la misma carrera e ingreso familiar tienen un copago que no existe en universidades comparables bajo gratuidad.

En este contexto, el gobierno envió un proyecto de ley que crea el Sistema de Financiamiento Solidario, que reemplaza el CAE y que pretende hacerse cargo de esta situación. Equipara el monto que reciben los estudiantes matriculados en universidades sin gratuidad y que pertenecen al 60% más pobre; pero, a diferencia del CAE, obliga a dichas instituciones a financiar con recursos propios el copago. Es decir, un beneficio para el estudiante vulnerable, pero a costa de la universidad. Además, la cobranza de este crédito de la institución tiene condiciones de recuperación inferiores al crédito del Estado.

Así las cosas, la propuesta del Ejecutivo, que tiene muchos aspectos positivos, falla en un aspecto muy central, dejando espacios para que, frente a un virtual agobio financiero, muchas resuelvan optar por "un mal financiero menor" acogiéndose a la gratuidad, en un país que, antes de seguir ampliando esta incorrecta política pública, debe resolver urgencias sociales mucho más graves.