Por Pablo González y Mario Waissbluth, Centro de Sistemas Públicos (CSP), Ingeniería Industrial, Universidad de Chile
El programa de uno de los candidatos, con buena probabilidad de ser Presidente, propone “condonar las deudas del CAE para un millón de habitantes y un sistema transitorio de créditos hasta alcanzar gratuidad universal”. Esto es absurdo y poco ético. Absurdo, porque no añade valor social. Es una inversión que ya se hizo o se hará de todas formas, lo que se está cambiando es quién paga por ella. Poco ético, porque favorece a las personas con mayores ingresos actuales o futuros del país. Es más, si alguno (son pocos, pero meten ruido) no se beneficiara con altos ingresos, lo correcto es efectivamente que no pague, haciendo el crédito contingente a ingresos, lo que, por cierto, ya existe, pero no condonando masivamente (por puro populismo).
El costo de esta condonación, según el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, son US$ 8 mil millones de deuda CAE y US$ 4 mil millones de deuda del Fondo Solidario. O sea, un total de 4,7% del PIB actual. Este es meramente el gasto inicial y a futuro serían del orden de US$ 5 mil millones anuales. Un monto que dejaría sin margen para hacer nada significativo al próximo y futuros gobiernos, pues equivale a una reforma tributaria completa. Rogamos a quienes están planteando esta barbaridad leer los argumentos a continuación.
Contrario a lo que pudiera creerse, incurrir en estos gastos fiscales aumentará la inequidad de Chile. Education at a Glance 2019, última edición de una publicación de la OCDE, muestra que la inversión en educación superior en Chile es extremadamente rentable para la persona que se beneficia con esos estudios. Por cada peso privado invertido en educación superior, el hombre obtiene, en promedio, un retorno -en términos de mayores ingresos futuros- de 17,4 pesos en valor presente, calculado con una tasa de descuento de 2%. Es el retorno más alto de todos los países que componen la OCDE, que, en promedio, es de 6,4 pesos. En las mujeres es algo menor (otro problema no resuelto), pero igualmente elevadísimo.
En la práctica, este programa de gobierno le quiere hacer un regalo a quienes ya están recibiendo el gran premio de la educación superior, lo cual equivale a pagarle el costo del boleto ganador del Loto a quien ya se lo ganó. En términos del valor neto de los beneficios (después de descontar los costos), lo que un individuo que logró estudiar en la educación superior se apropia, en promedio, sobrepasa medio millón de dólares de mayor riqueza personal. El premio consiste en salarios mucho más elevados que los que no estudiaron y ya descuenta el costo de un crédito por toda la carrera, a un interés de 2%.
El alto valor del índice de Gini de nuestro país se explica fundamentalmente por las diferencias de ingresos entre quienes pasaron por la educación superior (aun sin que la termine) y el resto de la población. ¿Queremos aumentar esa desigualdad?
Alguien podría decir que entonces correspondería que aún más gente pase por la educación superior, la cual es tan rentable para las personas. No. Las coberturas de educación superior de Chile ya son muy superiores al promedio OCDE. A los 20 años, un 53% de la población está en educación terciaria, contra un promedio OCDE de 39%. Meter más gente al sistema solo incrementará el número de titulados frustrados que patean piedras, pues, al menos por ahora, no hay suficiente capacidad para dar empleo remunerado a tantos profesionales. A muchos que están en el margen y que entran a estudiar a universidades y carreras con poca demanda, les convendría mucho más comenzar a trabajar a los 18 años. ¿Se han detenido a pensar los asesores de este candidato cuáles son las universidades que se han beneficiado expandiendo su matrícula gracias a la gratuidad?
Lo que sería verdaderamente útil, en lugar de esta política absurda que incentiva aún más títulos truchos, es comenzar a desplegar masivamente un programa de micro-credenciales de educación superior. Esto es, estudios mucho más cortos, que faciliten a las personas la posibilidad de obtener trabajos que, por así decirlo, sean acordes a lo que han invertido en estudiar y que les permitan tener una vida digna. Así, las personas irían sumando flexiblemente estas micro-credenciales en diversos temas y construyendo gradualmente una carrera próspera a medida que cambia el mundo y las demandas laborales del sector productivo y público.
Según el ex ministro Harald Beyer, “es poco presentable que se gaste del orden de US$ 4.900 dólares al año en un estudiante de educación superior que hoy es de bajos ingresos, pero que tiene un enorme potencial de mejorar su calidad de vida en el futuro, y apenas US$ 122 anuales en una madre vulnerable cuyo futuro y el de sus hijos es poco halagüeño”. Como lo muestra el libro recién presentado “Nacer y vivir en pobreza”, las heridas en ese período de la vida son difíciles de sanar y es mejor prevenirlas que repararlas. ¿Por qué nuestra clase política insiste en permanecer ciega a esta realidad?
¿Hacia dónde habría entonces que redireccionar estos enormes gastos de gratuidad que se proponen? La respuesta es obvia: a) a recursos libres para cuidadores vulnerables; b) al Programa Chile Crece Contigo; c) a duplicar el número de educadoras de párvulos bien formadas y mejor remuneradas para mejorar la calidad y cobertura de la educación inicial (cuya rentabilidad social es altísima a partir de los 3 años si se hace con calidad, contrariamente a la educación superior cuya rentabilidad es eminentemente privada); d) a erradicar la violencia intrafamiliar con programas preventivos y una buena oferta de apoyo hacia las familias; e) a la salud mental de madres y niños; y f) a reparar efectivamente la vulneración de derechos cuando ella ha ocurrido, en lugar de lo que está haciendo ahora el ex Sename, porque se le niega una fracción de los recursos que se irían a pagar las deudas CAE de todos los que han tenido trayectorias exitosas.
El futuro de Chile está en sus niños y no en aumentar la inequidad que ya se ha generado por medio del sistema de educación superior, especialmente cuando un elevado porcentaje de los postulantes no entiende lo que lee cuando ingresa ni cuando egresa.
