Graves antecedentes sobre asesinato del exteniente Ronald Ojeda

El 21 de febrero se cumplirá un año desde el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda desde su domicilio en la comuna de Independencia, y cuyo cuerpo fue encontrado días después, sepultado a un metro y medio de profundidad, bajo un radier de cemento. La investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía ha dejado hasta el momento un menor de edad que ya fue condenado, y a otras personas detenidas, algunas de las cuales están en Colombia y Estados Unidos esperando su extradición. Adicionalmente esta semana tuvo lugar un operativo en distintas comunas de Santiago que dejó detenidas a varias personas pertenecientes a un grupo denominado Los Piratas de Aragua -célula ligada al Tren de Aragua-, acusados entre otros delitos por una serie de homicidios, entre ellos un funcionario de Carabineros y del exteniente Ojeda.

Desde un principio se plantearon distintas líneas investigativas, las que con el correr de la investigación la propia Fiscalía fue descartando, de modo que a pocos meses del crimen el fiscal a cargo planteó que detrás del asesinato de Ojeda habría un móvil político, apuntando a que el secuestro y homicidio previsiblemente se organizó desde Venezuela -en ese momento no se aludió directamente al gobierno venezolano-, tomando en cuenta que Ojeda era un acérrimo opositor al régimen de Maduro y en Chile tenía el estatus de refugiado otorgado por las autoridades. Luego de las masivas detenciones de esta semana, el fiscal a cargo ha reiterado la tesis de un móvil político, pero esta vez apuntando directamente al gobierno venezolano como el responsable.

El propio Fiscal Nacional ahondó en el caso, señalando que hay testimonios recogidos en el marco de la investigación que apuntarían directamente a un encargo y pago por parte de Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, a “Niño Guerrero” -líder del Tren de Aragua- para poner en práctica una operación destinada a ejecutar al exmilitar opositor.

Son antecedentes de particular gravedad, que han abierto un complejo flanco interno, ante la posibilidad de que otro Estado haya planificado un crimen en territorio nacional. La ministra del Interior ha respaldado el actuar de la Fiscalía, y si bien ha recordado que se trata de una investigación en curso, señaló que “son antecedentes relevantes, son reiterados, y los tomamos con toda su gravedad”.

Ante el giro que estaría tomando el Caso Ojeda, es necesario actuar con el máximo de prudencia, considerando las implicancias que conlleva culpar a otro Estado. Lo razonable es esperar a conocer las pruebas que exhiba la Fiscalía para sostener sus afirmaciones, y dejar que la investigación continúe sin interferencias de ninguna especie. En ese sentido, no ha sido del todo afortunado que desde el propio Ministerio Público se hayan adelantado conclusiones tan tajantes sin que todavía se conozcan todos los antecedentes, más allá de que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva y que hasta el momento ha logrado en muy poco tiempo identificar a algunos de los responsables, incluso en coordinación con policías de otros países.

Siendo una indagatoria en pleno desarrollo, es irresponsable que el Partido Comunista haya salido a rechazar sin más la tesis del Ministerio Público que vincula al régimen de Maduro con este crimen, emplazando al fiscal a cargo a tener rigor y no adelantar teorías. Acertadamente la ministra del Interior ha hecho ver que las líneas investigativas no las definen los partidos políticos, sino las instituciones que están a cargo.

El lunes será la audiencia de formalización de quienes han sido detenidos esta semana, y será una oportunidad para escuchar las fundamentaciones que exhiba la Fiscalía. Con todo, es razonable comenzar a preguntarse desde ya qué cursos de acción serán seguidos por el país en caso de que se vaya asentando la tesis de una conspiración del régimen venezolano. La persecución despiadada de opositores por parte de dicho gobierno y la reiterada violación de los derechos humanos son prácticas que han sido largamente acreditadas, de modo que no resulta infundado suponer que el régimen pueda estar involucrado en este asesinato.

De comprobarse que estos hechos son efectivos, debe haber una respuesta contundente por parte del Estado de Chile, donde uno de los cursos sería lo que ya adelantó el gobierno, que sería interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional, lo que además debería ser acompañado de acciones a nivel político y diplomático que sensibilicen a la región respecto de la amenaza que representa el régimen venezolano.