Graves vacíos en la transición constitucional

Las tensiones y diferencias que esta semana se observaron en la votación por parte del Pleno del primer informe de normas transitorias -donde la mayor parte de las disposiciones fue rechazada, devolviéndolas a la comisión respectiva- son ilustrativas de las dificultades que ha debido enfrentar el proceso constituyente producto de las visiones poco dialogantes o maximalistas que han permeado a buena parte de la Convención.

Ante la opinión pública parece evidente que estas reyertas solo consiguen profundizar la distancia y desafección con el proceso, algo particularmente delicado cuando solo resta menos de un mes para que la Convención deba entregar su propuesta constitucional definitiva. Es lamentable que, además del desgate en la imagen del proceso, todavía más preocupante es que materias fundamentales que a estas alturas deberían estar zanjadas continúen abiertas, sin que exista la certeza de que se pueda llegar a soluciones razonables.

En caso de que la propuesta constitucional sea aprobada por la ciudadanía, resulta claro que varias instituciones fundamentales se verán sustancialmente modificadas, lo que hace necesario despejar de qué manera las disposiciones transitorias asegurarán soluciones de continuidad. Esto es aún más apremiante considerando que, de ser refrendado, apenas sea objeto de promulgación el nuevo texto comenzará a regir de inmediato. Ciertamente existen numerosas materias en que la transición despierta incertidumbre -por ejemplo, de qué forma se regulará todo lo relativo a los actuales derechos de aguas, que bajo el nuevo texto pasarán a ser simples permisos administrativos-, pero desde luego es de particular preocupación que todavía sigan en el vacío instituciones fundamentales, como es el caso del Congreso o del Poder Judicial, dos pilares claves para el funcionamiento del país.

En el pleno del jueves pasado cuando menos logró despejarse que el actual Presidente de la República no podrá repostularse de inmediato para un nuevo mandato, y tampoco logró aprobarse la norma que pretendía establecer un “candado” de dos tercios para impedir que la actual legislatura pudiera reformar la nueva Constitución, devolviendo la propuesta a la Comisión de Transición. Como ya se ha indicado en estas mismas páginas, lo razonable es que rijan las mismas normas de reforma constitucional ya despachadas al borrador -en esta misma línea se ha pronunciado el Presidente de la República-, por lo que cabe esperar que no se insista en la pretensión de innovar al respecto.

En cambio, las disputas entre los colectivos de izquierda llevaron a que se cayera la norma que prorrogaba la existencia del actual Congreso hasta 2026, un aspecto que si no se logra corregir podría llevar al absurdo de que se produzca un “apagón” institucional, según han advertido algunos juristas, tesis que otros desestiman. Las aprensiones surgen porque dado que el borrador constitucional establece que el Senado desaparece como tal y es reemplazado por la Cámara de las Regiones, de no haber norma que regule apropiadamente esta transición podría ocurrir que la actual Cámara Alta quedara sin soporte constitucional, lo que abre un escenario -al menos teórico- de que el sistema legislativo carezca de una de sus ramas durante un tiempo, algo que impediría su funcionamiento. Es obligación de los propios constituyentes velar para que un asunto de esta envergadura quede zanjado de manera razonable, donde la alternativa de extender el mandato de la actual legislatura hasta 2026 aparece como una salida plausible.

Igualmente complejo es lo que ocurre en materia de tribunales de justicia, debido a que el nuevo texto constitucional establece que los jueces de mayor rango cesarán en sus funciones tras 14 años, o cuando cumplan 70 años de edad. Un catastro del Poder Judicial indica que, si estas normas comienzan a regir en el acto, sin gradualidad, 88 jueces deberían abandonar sus cargos; entre ellos, siete integrantes de la Corte Suprema, y 27 de las cortes de apelaciones. Las diferencias al interior de la Comisión de Transición han impedido llegar a un acuerdo razonable, pero lo cierto es que de persistir este vacío podría llegar a generarse un gravísimo impacto para el normal funcionamiento de la institucionalidad, lo que hasta aquí no parece estar siendo aquilatado por algunos sectores de la Convención.