Por Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia; y Jorge Bermúdez, Contralor General de la República
Este 2021 se cumplen 13 años de la Ley de Transparencia en nuestro país, hito que nos encuentra en un extraordinario y decisivo contexto político y social. Enfrentamos enormes desafíos humanos y de gestión pública producto de la pandemia por coronavirus, ad portas de un inédito proceso constituyente y, como telón de fondo de este particular momento, en una crisis de confianza generalizada.
La desconfianza no puede ser una sentencia. No es posible la vida en sociedad si no confiamos en las instituciones, por lo que combatir la corrupción debe ser un desafío permanente para alcanzar esa confianza pública. Es una tarea difícil, que parece fracasar cada vez que los órganos de control internos y externos detectan irregularidades o incluso delitos de funcionarios y autoridades; o con la deficiente gestión local, regional y nacional, producto de diseños institucionales obsoletos; males de los que no están ajenos los otros poderes del Estado.
Acorde a la Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia, hoy contamos con mejores condiciones institucionales para denunciar y sancionar actos de corrupción. Sin embargo, estos aparentemente profundizarían la estela de desconfianza de la sociedad en sus instituciones.
En realidad, se trata de una paradoja aparente. La desconfianza se acrecienta no cuando se denuncia más, sino cuando ese reclamo ciudadano no es oído y no genera una consecuencia y un cambio real en quien ejerce el poder. Por ello, la robustez de las instituciones requiere sumar actuaciones coordinadas que eviten duplicidades, minimicen acciones contrarias al bien común, resguarden los recursos públicos y, sobre todo, sean capaces de responder de manera eficaz a esa denuncia ciudadana.
Ello supone la configuración de una política pública integral y coordinada, que conjugue la existencia armónica de normas sobre transparencia, probidad y anticorrupción; instituciones públicas autónomas, promotoras y fiscalizadoras de estos derechos y principios; autoridades convencidas de que su rol de servicio público solo se construye sobre la integridad y la rendición de cuentas; y todo lo anterior con el vital aporte de una sociedad civil informada, para que, de manera sinérgica, todos empujen hacia el mismo objetivo: la materialización de un ecosistema de integridad y transparencia.
La vocación democrática de los poderes públicos se construye a partir de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación. Para eso, se hace necesario contar con la incorporación de nuevos actores y sectores comprometidos en esta lógica; lógica que es parte de una mirada integral, que identifica como fundamental esta alianza, para que se configure un verdadero ecosistema de integridad y transparencia, que nos permita construir un país más probo, íntegro y justo para para todos y todas.
