¿Hacia un ingreso básico universal?

Recientemente se ha vuelto a levantar en el debate público la idea de avanzar hacia una renta básica universal. En términos generales, ésta consiste en la entrega de transferencias monetarias cada vez menos condicionadas que reemplacen paulatinamente algunos de los múltiples programas sociales que hoy ofrece el Estado, los que tienen el defecto de estar altamente atomizados -a menudo duplicados- y cuya eficacia y eficiencia no ha logrado ser probada.

Además de garantizar un ingreso mínimo a todo evento, su principal ventaja estaría en la mayor simplicidad, pues requiere de menos burocracia en la gestión y búsqueda de beneficiarios. Y en que, al ser un subsidio poco focalizado, se espera reduzca los incentivos a comportamientos oportunistas para obtener el beneficio de forma fraudulenta, como es la adulteración de información y la informalidad laboral, problemas que se piensa aquejan a una parte de la oferta programática actual.

La evidencia internacional disponible, sin embargo, no permite zanjar la conveniencia de avanzar en una política de este tipo ni definir su diseño específico. Cada país tiene sus propias particularidades, así como aparatos estatales con distinta capacidad, lo que exige estudiar muy bien cada detalle y consensuar aspectos que involucran definiciones tanto técnicas como políticas.

En primer lugar, se debiera determinar el grado de universalidad y progresividad de las transferencias y establecer de qué forma se avanzaría durante la transición. Si se priorizará algún grupo de la población y cuáles serán los requisitos de elegibilidad. Habrá que definir qué tan dispuestos estamos a dar un vuelco en la política social, otorgando un mismo tratamiento a los más y menos desaventajados, con el mayor costo fiscal que ello conlleva. En cada caso, la complejidad e incentivos que se producirían serán diferentes, por lo que hay que evaluar muy bien sus pros y contras y precisar un diseño equilibrado que además otorgue legitimidad entre los ciudadanos.

En segundo lugar, se debiera explicitar qué programas públicos eliminar, modificar o refundir para obtener el financiamiento necesario para costear una política de esta envergadura, que mientras más extendida y generosa sea, más recursos requerirá. Además del desafío que significa analizar y evaluar el desempeño y pertinencia de cada uno de ellos, habrá que enfrentar la usual reticencia política a transitar en esa dirección.

Es positivo que se busque innovar en políticas públicas que se hagan cargo de las carencias y problemáticas sociales que la experiencia va develando. Pero es importante no quedarse en titulares y entrar al detalle, analizando las múltiples interrogantes y tomando las definiciones necesarias con el mayor realismo y rigor. La idea de un ingreso básico es atractiva y debiera examinarse, sin olvidarnos que en este tipo de asuntos el diablo suele estar en los detalles.