Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales

Por Winston Alburquenque, profesor UC de Derecho de los Recursos Naturales

Hace unos días fue publicada la esperada reforma al Código de Aguas y hace dos meses también entró en vigencia la modificación al Código de Minería. Desde que se estableció la gobernanza de los recursos naturales hace 40 años, nunca se han producido cambios tan profundos ni simultáneos como en las últimas semanas. Para qué hablar de lo que puede venir en estas materias con la nueva Constitución. Estamos frente a un cambio en el paradigma de cómo queremos regular los recursos naturales y el medioambiente. Frente a esto, nace la pregunta de si nuestro sistema fue el correcto en su momento y si es necesario cambiarlo ahora.

Para responder a esto, recordemos qué pasaba en la década de los 80 y de qué se trató la regulación de los recursos naturales en esa época. Los 70 fueron años convulsionados en estas materias: reforma agraria, nacionalización de la gran minería del cobre, golpe de Estado, crisis económica, política y social. Comienza la década de los 80 con un nueva Constitución, la que esboza lo que vendría en materia de recursos naturales, seguido con una legislación en la que se fomenta el derecho de propiedad de los privados sobre los títulos concesionales sobre recursos naturales, libre transferibilidad de dichos títulos, poca carga para su mantención y pocas atribuciones de la autoridad para su fiscalización. Si queremos evaluar lo que fue esa gobernanza desde la perspectiva económica, no hay duda de que fue un éxito, porque fue la época de mayor crecimiento productivo tanto minero, forestal, agrícola y sanitario. Si la medimos desde la perspectiva de la sustentabilidad de los recursos, creo que por lo menos, en materia de aguas, estamos bastante deficitarios. Lo peor es que este recurso, al estar mal administrado, hace nacer otra arista: la social.

En estos 40 años no solo Chile y los mercados cambiaron, sino que también lo hizo el planeta. Estamos frente a una crisis de cambio climático que entre otros efectos ha producido una profunda sequía en algunos sectores del país. Ante este nuevo escenario, urgen cambios en la regulación de los recursos naturales, no para hacer un giro copernicano antiextractivista o indigenista, como suenan en algunos sectores de la Convención, pero sí debemos ponernos al día para que todo lo bueno se mantenga y lo malo se corrija.

Las modificaciones que hemos visto con estas reformas van en el sentido correcto: más restricciones al título concesional, mayores atribuciones a la autoridad para que pueda intervenir si hay mal uso de las cuotas sobre los recursos naturales, integrar el concepto de desarrollo sustentable y, sobre todo, iniciativas para que se mejore la gestión de estos recursos.

Sin embargo, todos estos cambios -y los que vendrán- deben estar acompañados de una real transformación del aparataje estatal. Los recursos naturales y el medioambiente no se defienden solos y no son bienes compatibles, en el actual estado del país y del mundo, con un sistema liberal como el que inspiró las legislaciones de hace 40 años.

La nueva gobernanza supone una nueva estructura del Estado, si no esta regulación será letra muerta, cambios sin efectos y sufriremos lo que dice el escritor italiano Giuseppe Tomasi, “que todo cambie para que todo siga igual”.