Hacia una nueva Ley de Monumentos

Con fecha 17 de junio de 2019, ingresó al Congreso Nacional la esperada reforma a la Ley de Monumentos de 1970, actualmente radicada en la comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

Tuvieron que pasar casi 50 años para que el Estado se hiciere cargo de actualizar una legislación obsoleta, que ha sido, en parte, la silenciosa responsable de la progresiva pérdida del patrimonio cultural de nuestro país. Bienes materiales e inmateriales destruidos, y ciudades con monumentos históricos abandonados, vetustos y ruinosos dan cuenta de ello.

¿Se hace cargo el proyecto de aquello? ¿Lo hace de una manera razonable? El proyecto, a nuestro juicio, en sus tres ejes enfoca los problemas principales de nuestra legislación: la modificación al Consejo de Monumentos Nacionales; los nuevos tipos y procedimientos de declaratorias, y la creación de un sistema de compensaciones e incentivos para los particulares afectados.

En relación al Consejo de Monumentos se establece un sistema descentralizado, con un Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y Consejos Regionales con carácter resolutivo.

En lo referente a los tipos y procedimientos de declaratorias, se actualizan las categorías existentes y se percibe nítidamente una protección del patrimonio en su integridad, incluido el patrimonio inmaterial.

En lo referente a las compensaciones e incentivos, se modifica le Ley de Impuesto Territorial, ampliándose la exención de contribuciones para los monumentos que tengan fines comerciales; se modifica la Ley de Impuesto a la Renta, para rebajar como gasto los desembolsos asociados a un plan de gestión patrimonial, y también se crean sistemas de subsidios.

¿Los medios que contempla el proyecto son los adecuados para los fines propuestos?

Si el fin último declarado en el proyecto es pasar de una protección legal del patrimonio cultural a una protección efectiva del mismo, el problema no radica esencialmente en lo normativo, sino en lo económico. Las más de 500 peticiones de declaratorias pendientes, los monumentos históricos abandonados y la falta de recursos humanos para dar respuesta a peticiones de menor entidad, no cambiarán con la simple promulgación de una Ley. Si la Sociedad Civil realmente valora el patrimonio deberá darle el financiamiento apropiado. Dicho financiamiento debe contemplar en primer lugar compensar debidamente a los privados que por décadas han sido expoliados de su dominio en beneficio de todos.

Creemos que el proyecto no se hace cargo de aquello, y el cambio de paradigma anunciado y que compartimos plenamente, deberá seguir esperando.