Por Claudia Martínez, profesora titular Instituto de Economía UC
De acuerdo a la última encuesta de caracterización socioeconómica del 2020, en Chile hay 831.232 personas en situación de pobreza extrema. Adicionalmente, 1.280.953 personas no tienen recursos para satisfacer sus necesidades básicas. La dramática caída en ingresos registrada en la pandemia aumentó el número de personas en situación de pobreza en más de 500 mil desde la última medición de 2017.
En respuesta a esta caída de ingresos, el país se está gastando sus ahorros: los públicos a través del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE-U), y los privados a través de los retiros de los fondos de pensiones. En el IFE-U se gasta aproximadamente 1% del PIB al mes. En los tres retiros, se ha retirado 20% del PIB. Como referencia, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB fue 16,1% en 2020. El nivel de deuda pública proyectada a fin de año es de 34,1% del PIB.
El IFE fue pensado como un subsidio para que las familias pudieran cumplir con las cuarentenas, imprescindible para poder controlar la pandemia y para responder a la caída de los ingresos del trabajo. Su implementación en 2020 tuvo importantes dificultades de focalización, que se tradujeron en múltiples cambios para facilitar el acceso. Una de las causas de los errores de la focalización radica en que ésta utiliza datos administrativos de ingresos, los cuales se actualizan, por razones propias de los datos, con aproximadamente tres meses de rezago. Este rezago generaba el sinsentido de que familias que habían perdido su ingreso laboral aparecían en el registro como empleadas, lo que podía dejarlos fuera de recibir el IFE. En plena pandemia, en un contexto de caídas masivas de ingreso, la focalización no funcionó, y dejó a familias sin los recursos que necesitaban.
La situación actual es distinta. Desde esta semana, no hay ninguna comuna en cuarentena. El empleo está creciendo, pero sigue habiendo pobreza. Mantener un IFE universal pone en riesgo tener recursos para las familias en situación de pobreza en los años futuros. Los errores que podrían producirse en la focalización por el rezago de los datos administrativos en 2021 van en la dirección contraria a los producidos el año pasado. Es decir, el error de la focalización será dejar familias con los beneficios, no fuera.
Al mismo tiempo, la pandemia no termina el 2021, y mirando las trayectorias en otros países, no es posible descartar un eventual rebrote. En caso de ser necesario nuevamente implementar cuarentenas, sería necesario considerar universalizar beneficios, para lo cual es necesario prever recursos. Asimismo, los serios desafíos en pobreza, desigualdad y cohesión social requieren de un espacio fiscal para generar respuestas. En este sentido, es necesario también considerar usos alternativos del IFE Universal, como apoyar la creación de empleo, la construcción de viviendas sociales, el apoyo educacional a niños que han estado dos años sin clases presenciales o el apoyo a las personas en situación de discapacidad, entre otros. El IFE Universal está entregando recursos a familias de, por ejemplo, cuatro personas que tienen ingresos de hasta $3.200.000 al mes. Una familia de cuatro en pobreza extrema tiene menos de $306.356 al mes. Considerando los importantes desafíos fiscales del país, mantener el beneficio universal pone en riesgo proteger a las familias que ganan menos de un décimo de quienes se encuentran recibiendo beneficios hoy.
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