Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
Durante la semana ha vuelto a estar en la agenda pública la vuelta a clases presenciales a los establecimientos educacionales. La autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación han emitido nuevos protocolos, y ante el alto número de casos, ha vuelto a insistir en que los colegios no son focos de contagio, sino que espacios seguros, y que el daño al desarrollo de los estudiantes, en términos académicos, sociales y emocionales, es muy grande. Esto justifica que se acaben las excusas y los sostenedores, particularmente los municipios, vuelvan a tomar la responsabilidad de educar, que varios han rehuido durante esta pandemia.
Pero en esta ocasión hubo un contraste que llamó la atención. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, salió al paso del tema indicando que la comuna se había preparado mediante procesos de diálogo e infraestructura, y dada la importancia del tema, como autoridad se había comprometido con el regreso a clases presenciales. En una dirección muy diferente se manifestó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, haciendo declaraciones que muestran poca intención de colaborar con lo que el presidente electo Gabriel Boric ha afirmado respecto a la importancia de empujar con fuerza el regreso a las salas (“ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esa posición”, afirmó Jadue). Luego entró en una polémica a esta altura aburrida con el gobierno, diciendo que al ministro le hacía falta “comprensión lectora”. Triste forma de burlarse de una de las principales tragedias de los dos años de suspensión de clases presenciales, sin contar el tiempo perdido en 2019 por paros de profesores de junio y los desórdenes sociales de octubre y noviembre.
Es preciso celebrar la posición de la alcaldesa. Ella parece haber entendido que el mensaje de vuelta a clases no es un slogan político del gobierno, sino una prioridad que ha sido establecida transversalmente por expertos e instituciones especializadas. En sus declaraciones también se nota algo que estuvo ausente el año pasado, el compromiso de los ediles en tomar medidas concretas para facilitar en todo lo posible la vuelta a clases aprovechando los altos índices de vacunación. Nadie puede asegurar el control del 100% de la pandemia y dar garantías de total preparación, pero eso es distinto a sentarse a esperar a que el Estado central solucione todos los problemas. Su compromiso con la educación pública debe ser reconocido.
¿Qué nos dice lo anterior del futuro gobierno? Lo primero quizás es que, pasado el momento electoral, hay autoridades que están dispuestas a bajar el nivel de conflictividad de su discurso en pro de ayudar el gobierno entrante. Al parecer lo imposible no era en realidad imposible, sino solamente inconveniente. Si bien eso no es un ejemplo de virtud republicana, sí beneficia a los niños, y eso es lo primero.
Lo segundo es justamente lo contrario: hay autoridades locales que seguirán utilizando la vuelta a clases como forma de presión política al Ejecutivo. Esto es preocupante, no solo por el uso de los niños como materia de chantaje, sino porque puede debilitar la posición del presidente electo, quien solo recientemente -con la responsabilidad del poder- se mostró abiertamente impulsor de las clases presenciales y abandonó sus posiciones como parlamentario (algo similar ocurre con los retiros). Tal como demostró la reciente ofensiva por omitir los 2/3 como mecanismo de acuerdo en la Convención Constitucional, el Partido Comunista, principal accionista del gobierno, no pierde oportunidad de usar estrategias agresivas para ampliar su esfera de influencia en todas las materias, respetando o no las reglas. Solo esperemos que los niños y su futuro no sean el próximo obstáculo de los comunistas y su incansable búsqueda de dominación. Porque como demostró Hassler, a veces es posible hacer las cosas bien.
