Una encuesta reciente (Cadem) muestra a Bukele como el mandatario extranjero mejor evaluado en Chile. El dato no viene solo. Pese a que la democracia sigue siendo el sistema más valorado, quienes aceptarían vivir bajo un régimen autoritario pasaron de un 30% en 2021 a un 48% en 2024 (CEP). Casi la mitad de la población muestra un compromiso democrático débil. Cualquier demócrata debiera decir a continuación que la situación es preocupante, que estamos más expuestos al cáncer autoritario de lo que creemos. Lo que muchos no quieren ver es que, para quienes aceptan algún tipo de autoritarismo, es justamente la democracia la que se está volviendo una amenaza. No de manera abstracta, no en los principios y fines que promueve, sino en la forma en que la están experimentando.
Para un demócrata, esta condición tiene más valor que su ideología política. Prefiere perder con esas reglas que ganar violándolas. Cree que ninguna idea goza de virtud suficiente como para merecer su progreso a expensas de este sistema. Su gran mérito es la capacidad de civilizar el conflicto por los asuntos públicos, no dejar ganadores ni perdedores absolutos, o no por mucho tiempo, mantener abierta la expectativa de un triunfo futuro y la posibilidad de fiscalizar el poder. Así, un demócrata no admite que los propósitos de un grupo o individuo sean perseguidos de cualquier forma. El problema es que este sistema cruje cuando se le exigen medidas rápidas y radicales, como las que reclama buena parte de la ciudadanía en materia de seguridad. Para la mayoría de las personas es inentendible que el Estado no use toda su fuerza en nombre de los compromisos procedimentales inherentes a una democracia. Ese es el espacio que encuentran los líderes autoritarios para llegar al poder andando el pavimento democrático. Transforman, por ejemplo, los derechos humanos y la seguridad en un dilema y a quienes defienden lo primero en enemigos de lo segundo.
En este escenario y en un año de elecciones, el recientemente estrenado Ministerio de Seguridad Pública no solo enfrenta el enorme desafío propio de su misión. Su institucionalidad es también un símbolo de la respuesta democrática contra el crimen. En ese carácter será observado y escrutado. Su éxito no solo es conveniente para el oficialismo, sino para todos quienes confiamos que la democracia ofrece el repertorio para combatir el crimen, más allá de las críticas que podamos tener hacia la conveniencia de la institucionalidad que se creó. Si incluso con una buena gestión no exhibe grandes resultados -lo más probable- se transformará en el objeto perfecto de quienes aspiran a complacer a la importante masa dispuesta al autoritarismo, quienes prometerán hacer cárceles y llenarlas, mientras caricaturizarán a una clase política que crea ministerios y los llena. El agotamiento público con la inseguridad está decantando en un peligroso malestar hacia nuestra democracia, pero es esta la que debe ofrecer respuestas más que exigirlas.
Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP
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