Hay esperanza

Mucho se ha escrito y dicho en estos días sobre él porque del estallido social, desde luego hay múltiples causas, las que aparecen como contradictorias de las cifras macroeconómicas y de los datos y cuadros comparativos que muestran a Chile como un modelo a seguir, como un ejemplo de crecimiento económico y desarrollo en Latinoamérica al que hacen referencia diferentes analistas internacionales y también nacionales, es cierto, si a inicios de los años 90 teníamos más del 40% de la población en la pobreza, hoy solo el 10% está en dicho rango, si a inicios de la década de los 90 había del orden de 300 mil estudiantes universitarios, hoy en Chile superan el millón doscientos mil, además los datos de la OCDE muestran que somos el país con mayor movilidad social en este selecto grupo y nuestro ingreso per cápita supera los 25 mil dólares, muy cerca de países como Croacia, Rumania y Bulgaria. Lo dicho, contrasta con los indicadores de desigualdad existentes, según el INE el 70% de la fuerza laboral en Chile percibe sueldos inferiores a los 500 mil pesos mensuales y el promedio de las pensiones es menor a los 200 mil pesos, a lo que hay que agregar que casi la totalidad de las prestaciones sociales, luz, agua, pensiones, infraestructura, salud de calidad y educación, especialmente básica y secundaria, además del transporte público, están privatizadas, lo que desde luego no es negativo en sí mismo, pero requiere de un Estado con musculatura, con capacidad para fiscalizar y sancionar a aquellos privados que no prestan dicho servicio de manera adecuada o lo hacen deficitariamente.

De igual forma, en estos días hay quienes han pretendido despreciar el movimiento social, reduciéndolo a una cuestión más bien impulsiva y etaria, retratándolo como una expresión más bien propia de la desafección a las normas y jerarquías que tendrían nuestros jóvenes de la que hemos sido participes y arrastrados los adultos. A mi entender esa explicación no da cuenta de un fenómeno de descontento social que es real y que viene gestándose seguramente por el propio desarrollo que el país ha tenido en los últimos 30 años. En efecto, es cierto que el país ha disminuido la pobreza, pero esas capas medias están al límite de volver a ser pobres, tienen acceso a bienes y servicios, incluso a educación universitaria, pero viven al día y en esa condición indudablemente, con mayor acceso y educación, tienen mucho mayor conciencia de las inequidades existentes, ¿cómo va a ser razonable que en una familia de 4 personas, en la que el jefe o jefa de hogar con su trabajo percibía un sueldo de un millón de pesos, que educo a sus hijos con crédito con aval del Estado, que claro, no es una familia pobre, tienen un auto que compraron a crédito y en muchas cuotas, a la hora de jubilar reciba una pensión de menos de 300 mil pesos?, sin dudarlo sus hijos e incluso ellos mismos saldrán a manifestarse a las calles.

La solución a esta grave inequidad pone en tela de juicio la estructura económica y la institucionalidad pública del país, y requiere que el sistema político (principalmente gobierno y congreso) tengan la capacidad de procesar adecuadamente estas legitimas reivindicaciones sociales, para ello, sugiero dos vías; la primera, avanzar en una agenda social y de modernización del Estado, que se haga cargo de un incremento en el sueldo mínimo, mejora en las pensiones y mayor capacidad regulatoria del Estado sobre los privados que prestan servicios sociales, esto será posible con una mayor carga impositiva sobre los mayores ingresos, es decir, que efectivamente quiénes más perciben, más impuestos paguen, para que dichos recursos financien adecuada y responsablemente las prestaciones sociales, especialmente para quienes más lo necesitan. También se requiere una institucionalidad pública más ágil, eficiente y eficaz, especialmente para fiscalizar las prestaciones básicas de los ciudadanos. La segunda vía, es avanzar hacia una nueva Constitución, en efecto, si uno de los déficits que nos llevaron a este problema social es la precaria legitimidad del sistema político, se requieren nuevas reglas del juego democrático, que habiliten a las instituciones y a sus agentes a actuar válidamente, ha repensar el régimen político por uno que no concentre todas las atribuciones en el Presidente de la República, a revisar el periodo del mandato presidencial, volver al voto obligatorio, terminar con los quórums contra mayoritarios entre otras materias, solo una nueva carta política y su adecuado proceso de elaboración (sea o no asamblea constituyente) abrirá un espacio de reflexión republicano para que las personas vuelvan a creer en la institucionalidad pública y revaloricen la democracia.

Hay esperanza, porque aun en estos tiempos difíciles, la ciudadanía tiene mucho mayor conciencia de su condición de actor y no mero espectador de los cambios sociales, ese sea tal vez, aunque parezca paradójico en esta crisis, el mayor éxito de los últimos 30 años de un Chile que felizmente retomo el valor de lo colectivo, justo cuando algunos pensábamos, especialmente después de la última elección presidencial, que solo el apego a lo individual y el intercambios de bienes y servicios era lo que a la sociedad le importaba.