“Hoja de ruta” del gobierno en educación

Recientemente se conoció un documento denominado “Hoja de Ruta para el Sistema Educativo 2022-2026″, con el cual el Ministerio de Educación busca instalar –en sus propias palabras- “nuevos sentidos comunes en educación” que permitan llevar al país hacia “el cambio de paradigma educativo” que según este se requiere.

Llama la atención que el documento se estructura sobre la base de una interpretación única del significado e implicancias de lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años y en especial desde 2019, con el estallido y la pandemia. Ello permitiría explicar por qué en este se habla de “el” cambio de paradigma; pues lamentablemente no se dejan espacios ni para dudas ni para miradas alternativas a la que aquí se ofrece: “Los aprendizajes que nos ha dejado la crisis, es que los sistemas educacionales necesitan asegurar el derecho a la educación y no dejarlos al arbitrio del mercado, necesitan de más colaboración y no de competencia, necesitan de aprendizaje integral, de pertinencia territorial y no de estandarización, necesitan de apoyo y confianza en las comunidades y no de presión ni agobio, y, sobre todo, necesitan de fortalecer la profesión docente y no limitarla”.

A partir de dicha visión se definen cuatro ámbitos de acción o “claves”, según las denomina el propio documento, entre las cuales vale la pena destacar la primera, que señala la necesidad de avanzar en la concepción de la educación como un derecho social, para lo cual se propone que la única forma de lograrlo es a través de un rol más activo del Estado, de la educación pública como eje central y de un sistema de financiamiento basal. Del mismo modo, se alude a materias como el enfoque de género o la diversidad cultural referida a migrantes y pueblos originarios, que serían también fundamentales en dicho propósito.

Falta, sin embargo, un reconocimiento explícito a la heterogeneidad del país que se manifiesta en gran medida en su sistema educativo de carácter mixto, con una importante participación de proyectos educativos privados que son elegidos por la mayoría de las familias. Si estos no son considerados de forma adecuada a la hora de trazar cuál será el camino a seguir, será difícil poder movilizar al sistema educativo hacia un mayor progreso e inclusión.

Del mismo modo, resulta paradojal la suerte de idealización con que el documento parece concebir la crisis que el país y el sistema educativo ha sufrido en los dos últimos años. Si bien es evidente que de toda crisis se deben sacar aprendizajes y surgen por tanto oportunidades, ello no es directo ni inmediato, sino que requiere de una profunda reflexión que parta por reconocer la complejidad de variables que ahí inciden. Más aún cuando las consecuencias de la pandemia sobre la educación aún ni siquiera han sido medidas ni conocemos sus alcances con certeza.

A la luz de las consideraciones anteriores, cabe esperar que esta “hoja de ruta” presentada por el gobierno no sea una imposición, sino más bien la presentación de su visión para, a partir de ahí, invitar a quienes conforman el sistema educativo -y que legítimamente puedan tener una mirada diferente- a fin de moldear políticas educacionales que generen amplio consenso.