Por Javiera Martínez, presidenta Rumbo Colectivo
No cabe duda que el próximo gobierno que asuma la Presidencia de nuestro país tendrá que afrontar un escenario extremadamente desafiante. Será el primer gobierno en asumir después del estallido social, con todas las exigencias políticas y sociales que esto conlleva. Esto será en parte canalizable a través del proceso constituyente, pero sin duda exigirá una vinculación con la ciudadanía diferente a la de cualquier otro gobierno, además de asumir desafíos urgentes, como es la refundación de Carabineros.
Por otra parte, será el gobierno que deberá enfrentar las consecuencias de mediano plazo de la pandemia, lo que además de crecimiento económico y reactivación, requiere una mirada de futuro sobre todos los desafíos que el Covid nos relevó: la necesidad de un sistema de salud público universal, automatización del trabajo, la crisis de los cuidados, soberanía alimentaria, entre otros. Se trata de una combinación de desafíos políticos, sociales y económicos, que deben hacerse cargo de la precariedad acumulada para millones de chilenas y chilenos, pero también de los desafíos globales, incluida la crisis climática. Todo lo anterior no podrá ser respondido bajo las fórmulas añejas y requerirá audacia, capacidad de transformación y voluntad de diálogo.
En términos concretos, la primera tarea del gobierno será la reedición de la reactivación económica propuesta por el gobierno actual. Es de esperar que esta vez sean más los convencidos que importa generar riqueza, pero también cómo esta se genera y se distribuye. La reactivación económica no solo debe acelerar y facilitar el funcionamiento de actividades económicas y la creación de empleos, sino que también debiese ser el inicio de un proceso de transición económica y ecológica que priorice el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la vida y un desarrollo a escala humana que beneficie a todas y todos. Es una ventana de oportunidad, pero que ha sido desperdiciada por el actual gobierno.
Además, el nuevo gobierno si bien coincidirá con los últimos meses de la Convención Constitucional, será quien convoque al plebiscito de salida y empezará su segundo año de gobierno con una nueva Constitución. Lo anterior requerirá la formulación de una ingeniería legislativa para los siguientes años, y que, esperamos, abra la puerta para las grandes transformaciones que se necesitan. En términos sociales, el próximo gobierno tendrá en el centro de sus tareas una reforma de pensiones no solo enfocada en la suficiencia de estas, sino también en dejar atrás el rol que hoy utilizan las AFP en el sistema económico; deberá comenzar la implementación de un sistema de salud público unificado de carácter universal, a través de un Seguro Nacional de Salud, como muchos países desarrollados; y continuar el desafío educacional que se vio interrumpido estos años: deuda estudiantil, adecuación de la gratuidad como método de financiamiento para que reconozca el rol de las universidades públicas en nuestro país, una masiva etapa de capacitación y entrenamiento, además de la continuación de la reforma más grande que ha tenido el Estado, el proceso de desmunicipalización que pone en el centro a las escuelas y las familias del país. Por supuesto, todos estos cambios sociales requerirán el diseño e implementación de una reforma tributaria.
Finalmente, en el marco de un nuevo gobierno que empieza a construir un país de derechos, los partidos, centros de pensamiento y políticas públicas, deberán dar viabilidad técnica a la política a la cada vez más necesaria Renta Básica Universal, la cual también debería ser garantizada como un derecho de seguridad económica mínima en la Constitución.
¿Se puede hacer todo esto en un período de cuatro años? No. La magnitud de este desafío requerirá que el próximo gobierno sea el primero de un ciclo de gobiernos transformadores, anclados en una nueva Constitución. Lo que implica una enorme capacidad de diálogo, construcción de alianzas políticas estables en torno a objetivos de largo plazo, trabajo serio y colaborativo, dejando de lado voluntarismos y poniendo el centro el valor del cuidado de las personas de Chile y la oportunidad histórica que se ha abierto de acabar con un país de privilegios.
