SEÑOR DIRECTOR:
El gobierno llega tarde y mal, sin ninguna autocrítica ante la crisis de seguridad más grande de nuestra historia. Nadie entiende la falta de reacción del Presidente Boric ante el sangriento fin de semana. No apareció cuando teníamos 10 homicidios, ¿qué cosa más importante tenía que hacer? Cuando llegaban a 15, partió a Paraguay a un viaje que hasta su ex jefa de prensa dijo que debería haber suspendido. A su regreso, medidas más efectistas que efectivas, insuficientes para la situación crítica de hoy.
Se vuelve a anunciar la coordinación gobierno-policías-fiscalía para “intensificar” el trabajo que ya se hace, incorporando a la ANI, Gendarmería y tres reuniones semanales. Construir una cárcel de alta seguridad (imprescindible) demora años y constituir una fuerza especial de gendarmes requiere una ley. Para la RM habrá 500 carabineros recién egresados en agosto, ¿no será mejor que sea ley el proyecto que quita a Carabineros las notificaciones judiciales y así recuperar 2 mil efectivos para la calle? La urgencia a la Ley de Inteligencia se aplaude (¡está desde 2018 en el Congreso!). Pero se echa de menos la discusión inmediata al fiscal supraterritorial contra el crimen organizado y a las reglas de uso de la fuerza (se pide a las FF.AA. en la calle, pero hay que darles seguridades).
El crimen organizado está desbordado, con homicidios que revelan cómo las bandas se disputan territorios, con alto poder de fuego. En abril de 2023, tras la crisis por el asesinato de tres carabineros, el Ejecutivo lanzó el Plan Calles sin Violencia, cuyo objetivo “fundamental” era frenar el alza de homicidios. Esta administración ostenta el triste récord de tener los dos años con más asesinatos de nuestra historia, 2022 y 2023. Y este año se encamina a repetirlo. Los homicidios, según el STOP, han subido un 2,1% el primer semestre, con 444 casos; y un 34% la primera quincena de julio. El “quiebre de tendencia” que el gobierno celebraba se esfuma. A mayo del 2024, la ejecución presupuestaria de este plan, según Dipres, era de apenas un 16%; los $14,2 mil millones para Carabineros y PDI no se habían tocado. Las responsabilidades políticas hay que asumirlas.
María José Gómez G.
Ex subsecretaria de Prevención del Delito
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