Honestidad brutal

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

La sociedad civil organizada ha empezado a participar formalmente y de manera activa en el detalle de la discusión constitucional. Universidades, gremios, movimientos y colectivos, así como personas naturales a través de diversas iniciativas buscan ser parte de esta instancia con el fin de incidir en el texto que se está diseñando para proponer al país.

En este contexto, llama la atención la recepción de la presidenta de la Convención al Colegio de Profesores y sus ideas para el texto constitucional -al parecer ellos son “más iguales que otros” y sus propuestas no tienen que pasar por la burocracia de formularios, sorteos y plazos fatales que nos toca a todos los demás- las que fueron difundidas durante esta semana.

El documento tiene elementos a destacar, pero también varias contradicciones. Por ejemplo, la postura sobre el derecho preferente de los padres es positiva: se reconoce que las familias pueden escoger el colegio para sus hijos. Uno podría pensar que esto es un mínimo higiénico, un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales ratificados por Chile que debe ser garantizado; sin embargo, cabe recordar que el pleno de la Convención no estuvo de acuerdo con siquiera discutirlo. Por lo tanto, dados los embates que este derecho ha sufrido, que el Colegio de Profesores lo destaque es positivo.

No obstante, lo que preocupa muchísimo es la errónea comprensión de la libertad de enseñanza que explicita el escrito presentado por el gremio. Primero, esta libertad se plantea equivocadamente como supeditada al derecho a la educación. Esa jerarquización tiene un objetivo político claro: pretende diluir la participación de la sociedad civil, de los padres y de las familias en la educación, entendiendo esta última de forma muy estrecha: solo como una obligación del Estado de prestar un servicio educativo.

Pero la educación es por mucho anterior al Estado y a los sistemas educativos, es el conjunto de acciones mediante las cuales se transmite a los más jóvenes la cultura, los valores y los conocimientos que consideramos más preciados para vivir, de forma de convivir en sociedad y ayudar durante toda la vida a las personas a mejorarse a sí mismas. Los sistemas educativos son meros medios para contribuir a la educación, pero no son su definición y son claramente distinguibles. Darle al Estado el monopolio de la educación plantea importantes amenazas, el abuso de este dominio total de la educación por parte de los regímenes totalitarios del siglo XX fue una experiencia traumática que llevó a consagrar la libertad de enseñanza entre los derechos humanos. Sin embargo, no es necesario ir tan lejos, Chile conoce de la conflictividad e inestabilidad que ha implicado en la historia del país la restricción a la libertad de enseñanza: los más conocidos son la crisis de la “Libertad de exámenes” (1872) y, por supuesto, el proyecto de Educación Nacional Unificada de los 70.

A pesar de lo anterior, uno agradece la honestidad brutal del Colegio de Profesores, gracias a la cual no es necesario especular ni consultar la historia. En su propuesta constitucional, se plantea explícitamente que la educación particular subvencionada “no debería existir” y se propone su “extinción” de carácter paulatino, solo por el hecho de ser demasiado popular entre los padres (la educación subvencionada fue ampliamente preferida por sobre la municipal en el sistema de admisión escolar) y agrupar a más de la mitad de la matrícula (cerca de 2 millones de estudiantes). Uno está acostumbrado a los excesos de este polémico gremio (paros de 40 días, boicot al Simce, y entre las más folclóricas: rehusarse a hacer clases presenciales con los centros comerciales abiertos), pero aquí vemos un ímpetu totalitario y violento que no se conocía públicamente.

La pregunta que queda es: ¿habrá en la Convención Constituyente espacio para discutir la “extinción” de unos y otros, o se intentará mejorar lo que tenemos?