Verónica Undurraga Valdés es profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
La Convención Constitucional está escribiendo su reglamento. Mientras, hay periodistas que preguntan a sus integrantes cómo van las alianzas entre ellos en relación a la elección presidencial de noviembre. Porque los procesos se pueden mirar en el cortísimo plazo, lo que lleva a enredarse en la polémica de poco vuelo, que mañana estará olvidada. Lamentablemente, estas polémicas no son inocuas. Por irrelevantes que sean y por más que sus objetivos sean vender titulares o hacer campañas políticas, pueden dañar objetivos más importantes (a veces, están planificadas para dañarlos, no hay que ser ingenuos).
La Convención hay que rodearla, pero para cuidarla y asegurar que levante la mirada más allá del corto plazo. En ese horizonte más amplio, está el desafío de dejar atrás las lógicas patronales y patriarcales (con dos palabras doy cuenta de las desigualdades que, según un estudio del PNUD son aquellas que las y los chilenos más resienten: el clasismo y el sexismo), así como la invisibilización y el maltrato de los pueblos originarios.
Estos cambios tan profundos no pueden construirse sobre reglas improvisadas. Por eso, la discusión sobre el reglamento es extremadamente seria. El diseño del reglamento es lo que permitirá asegurar que la discusión no se alargue demasiado ni se tomen decisiones precipitadas; garantiza que estas decisiones tomen en consideración la opinión de todas y todos los convencionales; da seguridad a las mujeres de que no serán permanentemente interrumpidas cuando hablan y de que no se aceptará la violencia de género (la evidencia de ambos fenómenos es contundente); organiza la participación ciudadana para que no solo los expertos o los gremios, sino también las personas que han sido marginadas tengan la posibilidad de mostrar las necesidades del país; fija los estándares y mecanismos de probidad e integridad de convencionales y asesores; asegura la conformación paritaria, plurinacional y descentralizada de los órganos deliberativos y de decisión, para evitar así sesgos en la mirada posterior a los temas de fondo; asegura que quienes tienen responsabilidades de cuidado, puedan participar sin desventajas en el debate constitucional (por eso no solo las organizaciones feministas, sino también la OCDE recomienda tener asignaciones para pagar por el cuidado de niños y adultos mayores); fija cómo se organiza el trabajo para hacerlo más eficientes y lograr un texto final coherente, y decide sobre los quórums en las distintas etapas y sobre los mecanismos de resolución de conflictos, para evitar que el proceso se entrampe.
En esto está trabajando la Convención. El reglamento se aprobará por 2/3, es decir, por un amplio consenso. Precisamente porque es tan importante para el éxito del proceso como la votación del texto final. Y sí, a pesar de algunos errores y de estridencias más o menos orquestadas, nuestros convencionales están trabajando y mucho.
